Azcón no descarta usar el Consejo Consultivo de Aragón para redactar el recurso de inconstitucionalidad de la amnistía

ZARAGOZA, 29

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha indicado que «no es descartable» que el Consejo Consultivo pueda aportar «su visión y su criterio» para redactar el futuro recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo autonómico interponga sobre la ley de amnistía.

Así lo ha explicado el Azcón preguntado por los medios de comunicación después de participar este miércoles, 29 de noviembre, en la toma de posesión de los nuevos miembros del Consejo Consultivo de Aragón, en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli.

Azcón ha señalado que «va a intentar exprimir, en el mejor sentido de la palabra», al Consejo Consultivo que está formado con criterios de profesionalidad, de racionalidad y de experiencia.

A su juicio, uno de «los grandes desafíos» que tiene la comunidad autónoma y el ordenamiento jurídico de Aragón y de España es la posibilidad de que se tramite la ley de amnistía que, en su opinión, vulnera a los derechos.

«Los hombres y mujeres del Consejo Consultivo tienen gran experiencia, gran capacidad y el conocimiento del mundo del derecho, de Aragón, de España y también el europeo para aportar calidad a nuestra normativa que es una parte fundamental», ha manifestado

En este sentido, ha considerado que al Consejo Constitutivo de Aragón hay que darle «la importancia que tiene y que se merece», respetando su labor independiente.

TIEMPO PARA REALIZAR DICTÁMENES

«Especialmente en un día como hoy que hemos conocido que la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, ha pedido al Gobierno de España que le dé el tiempo suficiente para realizar los dictámenes», ha aseverado.

De esta manera, Jorge Azcón ha apuntado que no está dispuesto «a caer en el mismo error» que el Gobierno de España y va a respetar las instrucciones y los tiempos del Consejo Consultivo de Aragón.

Sobre el papel de este organismo en Aragón ha destacado que su funcionamiento estará implicado en la posibilidad de mejorar «la calidad» de las leyes y normas que se propongan y se aprueben en el parlamento autonómico.

«Desde el respeto a la ley y la importancia de que las normas tengan el máximo de conocimiento porque están directamente relacionada con la calidad de los servicios públicos», ha concluido.

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