Vox se querella contra Marlaska en el Supremo tras la sentencia que ve ilegal el cese de Pérez de los Cobos

Le acusa de delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia, que extiende al número dos de Interior y la directora de la Guardia Civil

Vox ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusa de presuntos delitos de obstrucción a la Justicia, represalias y prevaricación por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, cuyo cese fue anulado por la Audiencia Nacional al considerar que fue «ilegal».

La formación que dirige Santiago Abascal también extiende su demanda contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por los mismos tipos penales (artículos 464 y 404 del Código Penal).

En un comunicado, Vox también atribuye a los tres cargos de la cúpula de Interior la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el general Laurentino Ceña, que renunció a su cargo un día después del cese de Pérez de los Cobos.

Ayer mismo esta formación demandó la dimisión del titular de Interior tras la restitución del coronel de la Benemérita en su antiguo cargo, al igual que también plantearon PP y Ciudadanos.

LA SENTENCIA VE EL CESE «ILEGAL»

El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 8 de la Audiencia Nacional consideró que la destitución de Pérez de los Cobos a finales de marzo del año pasado es «ilegal» y, por tanto, la deja sin efecto para restituirle al frente de la Comandancia del Instituto Armado en Madrid.

Tras analizar los hechos y las resoluciones adoptadas en el cese, el magistrado Celestino Salgado afirmó en su resolución que la «pérdida de confianza» alegada por Interior para cesarle vino motivada por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial sobre la investigación judicial abierta al hasta ahora delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco, en el conocido como caso 8M por la autorización de concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo, al inicio de la pandemia.

Por su parte, el Gobierno ya ha avanzado que, desde «el respeto a las decisiones judiciales», la Abogacía del Estado recurrirá esta sentencia al discrepar con su contenido.

VOX: SE CESÓ A PÉREZ DE LOS COBOS PORQUE SE LE PIDIÓ ALGO «ILEGAL»

Tras ello y en su escrito dirigido al Supremo, la Vicesecretaría Jurídica de Vox, que dirige Marta Castro, recuerda que hace un año ya presentó una querella por estos mismos hechos y fue archivada «por no constituir delito ni aportar prueba suficiente».

Ahora y raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional, Castro pone de relieve que existe prueba de que el cese del coronel de la Guardia Civil fue «inmotivado, arbitrario» y, además, tuvo relación directa con «la petición de realización una actividad abiertamente ilegal».

En concreto, Vox se refiere a la solicitud de facilitar información sobre las investigaciones ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, por la causa del 8M que afectaba entonces a Franco, recientemente nombrado presidente del Consejo Superior de Deportes aunque luego fue archivada.

Para la formación, el «verdadero motivo» de la alegada pérdida de confianza fue «no avenirse a acometer un acto manifiestamente ilegal solicitada desde las más altas instancias del Ministerio».

«Supone el reconocimiento expreso de la comisión del delito, del que resulta responsable Grande-Marlaska, del que se afirma que se constata la vinculación de los intereses ministeriales con un proceder arbitrario, con evidente desviación de poder, y, además, mentir públicamente, a la vista de las manifestaciones realizadas desde mayo de 2020», relata la querella de Vox.

Finalmente, la Vicesecretaría Jurídica augura que será «difícil evitar» una investigación por prevaricación, obstrucción y represalias contra la cúpula de Interior. Por último, pide que se le remita el expediente completo del procedimiento seguido en el Juzgado Central de Instrucción número 8, incluido un documento entregado en el mismo y clasificado como reservado, además de las declaraciones de la directora de la Guardia Civil, del secretario de Estado de Seguridad y del propio Marlaska.