Vox refuerza su programa económico con un gabinete de expertos al mando de su número dos en el Congreso

Empleo, fiscalidad, vivienda e industrialización y energía serán sus principales líneas de trabajo

Vox ha lanzado este viernes su nueva oficina económica, liderada por el secretario general del grupo parlamentario del Congreso, José María Figaredo, con la intención de aportar cifras a las iniciativas del partido y para contrarrestar también los datos que ofrece el Gobierno en este ámbito, que ven discutibles.

Este gabinete está formado por técnicos del partido y personal externo, asesores y cargos de Vox que se dedican al área económica, y su labor será cuantificar con cifras concretas el coste y beneficio de las propuestas económicas de Vox y aportar claridad sobre aspectos como la inflación, el desempleo, los salarios bajos, la crisis del sector primario, las pensiones, la vivienda o los impuestos. Un objetivo «ambiciosísimo», aseguran miembros de la oficina.

Asimismo, funcionará como un organismo de análisis de datos oficiales y de entidades y actores que forman parte de la economía. Destacan, por ejemplo, los números que el Ejecutivo de Pedro Sánchez exhibe respecto a horas cotizadas por los trabajadores o los fijos discontinuos.

TRAS LA MARCHA DE ESPINOSA Y EL AUTOR DEL PRIMER PROGRAMA ECONÓMICO

Fuentes de la oficina económica, que depende directamente de la Presidencia de Vox y coordinará a todos los portavoces de Vox en parlamentos, instituciones y órganos del partido que se dedican a esta materia, niegan que la creación de este gabinete busque suplir la marcha del que fuera portavoz en la Cámara Baja, Iván Espinosa de los Monteros, o la del ideólogo del primer programa económico del partido, Rubén Manso. Según remarcan, no se han producido cambios significativos en el ideario económico de Vox en los últimos años, que se mantiene constante en el tiempo.

Así, se ha concebido con cuatro grandes líneas de trabajo bajo la idea de que España está «estancada» económicamente hablando. Son el empleo, la fiscalidad, la vivienda y la reindustrialización y la energía.

En el plano laboral, la oficina económica de Vox sostiene que el exceso de cotizaciones e impuestos que genera la contratación de un trabajador dificulta que se cree empleo. Defienden acabar con la «nociva dicotomía» de «paro o precariedad» en una «insostenible» situación que la reforma laboral del Ejecutivo de Sánchez «ha empeorado».

Entre sus propuestas, destacan una reducción de las cotizaciones para empresas que contraten trabajadores indefinidos, incentivos a la contratación estable de jóvenes, mayores de 45 años, mujeres embarazadas o padres de hijos con discapacidad o exonerar de la cuota de autónomos a aquellos que no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Las propuestas de Vox sobre fiscalidad ponen el foco en una reforma profunda para simplificar normativas, trámites y procedimientos o una reducción del IRPF del 15% y del 25% en cuatro puntos por cada hijo, entre otras.

En referencia a la vivienda, fuentes de la oficina económica de Vox, que creen que es uno de los grandes temas en la España de hoy, especifican que debe facilitarse, sobre todo a los jóvenes. Critican que las medidas del Gobierno provocan un alza artificial de los precios, tanto de compra como de alquiler, han reducido la oferta y el incremento de los tipos de interés y el menor ahorro de los españoles dificultan el acceso a este bien, en definitiva.

Plantean una liberalización del suelo que no esté protegido por motivos de interés ambiental, paisajístico, productivo o para la Defensa Nacional, una modificación de la Ley del IVA para eliminarlo en la adquisición de la primera vivienda o la habilitación de una plataforma auditada de peticiones para que, manteniendo la SAREB la titularidad de los activos, sean los ayuntamientos los que le soliciten la cesión de los activos y el suelo urbanizable.

Por último, sobre la reindustrialización y en materia de soberanía energética, la oficina económica de Vox explica que su planteamiento pasa por movilizar recursos que ya existen en España, pero en ningún caso nacionalizarlos. También defienden reducir la dependencia energética del exterior, con un incremento del uso de la energía nuclear.

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