Violencia y operaciones militares multiplican los desplazados en Malí en el último año, según el NRC
MADRID, 14
La creciente violencia y las operaciones militares han hecho que el número de personas obligadas a abandonar sus hogares en el último año en Malí haya aumentado un 360 por ciento, según se desprende del último estudio del Centro de Observación sobre Desplazamiento Interno (IDMC) del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).
Así, el número de desplazados internos ha pasado de 35.000 en diciembre de 2017 a 126.000 en diciembre de 2018, según los datos del IDMC, que incide en que la tendencia se ha agudizado en lo que va de año 133.000 nuevos desplazados, de acuerdo con el Mecanismo de Respuesta Rápida (RRM) que codirige el NRC.
«Nunca habíamos sido testigos de tales niveles de desplazamiento desde la firma del acuerdo de paz en 2015 y esto es probable que empeore en 2019», ha prevenido el director del NRC en Malí, Hassane Hamadou, en referencia al acuerdo que puso fin a la guerra civil en que se vio sumido el país a raíz de una sublevación tuareg en el norte que pronto quedó secuestrada por organizaciones yihadistas que estuvieron cerca de tomar Bamako.
«Este año ya ha estado marcado por varios ataques contra civiles», ha añadido, en referencia entre otros a un ataque contra una aldea peul –también conocidos como fulani– por parte de un grupo de autodefensa de otra etnia ocurrido en marzo en el que murieron más de 150 personas. «Quienes sobreviven a menudo huyen de sus localidades, habiendo perdido a sus seres queridos y sus medios de vida», ha advertido.
Según ha explicado el NRC, esta «alarmante tendencia» de creciente desplazamiento tanto en el norte como el centro de Malí se debe en buena medida a «ataques por actores no estatales, amenazas e intimidaciones, conflictos intercomunitarios y operaciones militares».
RÁPIDO DETERIORO DE LA SITUACIÓN HUMANITARIA
En este sentido, la ONG ha recordado que en el último año ha venido alertando del rápido deterioro de la situación humanitaria en Malí y advertido en contra de un enfoque desproporcionadamente militar en la región.
«Los civiles se llevan la peor parte de la violencia así como de las operaciones militares realizadas en el centro y el norte de Malí», ha subrayado Hamadou. «Proteger a estos civiles y responder a sus necesidades básicas debe ser una prioridad para la comunidad internacional si queremos evitar una catástrofe humanitaria», ha advertido.
Para 2019, la ONU y la comunidad humanitaria ha solicitado 296,5 millones de dólares para atender a 2,3 millones de personas necesitadas de asistencia, pero por el momento se han recibido menos del 20 por ciento de dichos fondos. A este ritmo, ha subrayado el NRC, millones de personas no recibirán ayuda este año, el segundo en el que las necesidades exceden los recursos disponibles.
En Malí, la violencia yihadista ha estado protagonizada en gran medida por el Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe), una alianza bajo la égida de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y que engloba a Ansar Dine, el Frente de Liberación de Macina y Al Murabitún, que lidera el destacado yihadista argelino Mojtar Belmojtar, así como por la filial de Estado Islámico en la zona, Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS).
A esto se ha sumado, especialmente en el centro del país, una violencia de carácter intercomunitario que enfrenta a la comunidad peul o fulani, tradicionalmente dedicada al pastoreo y a la que se vincula con los yihadistas que han encontrado en los jóvenes de este grupo un buen nicho de reclutamiento, con otros grupos étnicos dedicados a la agricultura, como los bambara o los dogon.
