USO pide a Trabajo que la autorización administrativa sea requisito en los despidos colectivos

La Unión Sindical Obrera (USO) ha dirigido un escrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social en el que solicita, de manera urgente, la reforma del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y del Real Decreto 1483/2012, de Procedimientos de Despido Colectivo, para que la autorización administrativa sea requisito indispensable en los despidos colectivos.

El secretario general de USO, Joaquín Pérez, defiende que la medida podría llevarse a cabo en el próximo Consejo de Ministros, al igual que otras para dar respuesta una necesidad «urgente» de los trabajadores.

El sindicato también pide que se restauren las competencias y funciones que tenía asignadas la autoridad laboral previas a la aprobación del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y reivindica seguridad jurídica para los trabajadores inmersos en un proceso de despido colectivo con «un proceso de negociación con garantías que solo la obligatoriedad de la autorización de la Autoridad Laboral puede aportar».

A pesar de que las medidas de flexibilización de los ERTE «han contribuido a minimizar las consecuencias laborales que ha provocado la pandemia», USO prevé que, en los próximos meses, un gran número de estos ERTE «se transformarán en despidos colectivos, que hay que sumar a los ERE ya presentados y que se van a negociar sin el control de la autoridad laboral», como en el caso de Nissan.

Por ello, ve necesario que el Gobierno impulse «rápidamente» la modificación del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores para acabar con la «libertad absoluta» de las empresas para aplicar despidos colectivos y devolver a la autoridad laboral el poder para paralizar o suspender procesos de despido colectivo, que a su juicio «se han convertido en una herramienta para sanear la empresa y no como un método para tratar de salvarla de la quiebra».

LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA PARA DESPIDOS COLECTIVOS

La reforma laboral de 2012 eliminó, tanto del artículo 49 como del 51, la necesidad de contar con una autorización administrativa previa a la hora de efectuar un despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Con esta modificación, USO denuncia que «se vació de contenido las competencias de la autoridad laboral, que se reducen a meras funciones de control y asesoramiento» y «a partir de ese momento la empresa es la que toma la decisión de ejecutar la medida tras el período de consultas», ya que las recomendaciones y advertencias que realice la autoridad laboral, no paralizan ni suspenden el procedimiento, quedando la vía judicial como única opción para los trabajadores y sus representantes.

Como una de las principales consecuencias de esta medida cita el aumento del poder de la empresa que no tiene que finalizar el periodo de consultas con un acuerdo y se le da vía libre para que, unilateralmente, se pueda ejecutar el despido colectivo, sin que se exija una razonabilidad ni proporcionalidad entre el número de trabajadores afectados por el procedimiento y las causas alegadas.

«Esta nueva situación desequilibra totalmente el proceso de negociación, dejando a los trabajadores y sus representantes en una posición de indefensión y desamparo sin precedentes», denuncia USO.

A ello se suma la «descausalización» de los motivos por los que se puede justificar un despido colectivo, principalmente en las causas económicas. Según USO, se eliminaba la necesidad de que las pérdidas puedan afectar a la viabilidad de la empresa o a su capacidad de mantener su volumen de empleo y se regula que basta con alegar una disminución, durante tres trimestres consecutivos en comparación con el mismo periodo del año anterior, de los ingresos ordinarios o de ventas así como de pérdidas actuales o previstas.

«La modificación del artículo 51 ha supuesto, en la práctica, una dejación de funciones de control del Estado que ha dado libertad absoluta a las empresas para aplicar estas medidas tan lesivas para el futuro de los trabajadores, con la finalidad, en la mayor parte de los casos, de precarizar el mercado laboral y ahorrar costes laborales», añade.