UP presenta una Proposición No de Ley para permitir a las comunidades autónomas revertir la sanidad privada
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha presentado este viernes una Proposición No de Ley al Congreso de los Diputados «para formular un marco jurídico que permita, a las comunidades autónomas a abrir un proceso de desprivatización de los servicios de salud».
La formación morada ha registrado esta propuesta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguiendo el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Consumo, relativa a la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, insta al Gobierno a definir como titulares del derecho a la atención sanitaria pública a todos los habitantes empadronados en cualquier municipio del territorio español. También pedirá que se garantice la atención sanitaria a menores de edad, mujeres embarazadas y una atención universal por urgencias independientemente de la situación legal del beneficiario.
Por ello, pide derogar en forma y fondo la Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y, a su vez, generar las medidas de cautela necesarias para garantizar la universalidad del derecho de acceso a los servicios sanitarios públicos.
El Grupo Parlamentario defiende su propuesta porque, a pesar de que el artículo 43 de la Constitución Española reconozca el derecho a la protección de la salud, «en la actualidad no se consagra una garantía absoluta y universal de este derecho». La Ley 14/1986 General de Sanidad establece el reconocimiento de este derecho por medio de la residencia en el territorio nacional y, a juicio de UP, «este requisito supone un elemento discriminatorio que afecta a los principios de equidad y universalización».
En relación con la privatización de la sanidad, afirman que son contrarios a la voluntad universalizadora del derecho a la asistencia sanitaria porque «tienden a la segmentación de los servicios hacia la cobertura exclusiva de quienes puedan pagar una asistencia sanitaria privada.
«La experiencia empírica ha demostrado que la privatización de las prestaciones sanitarias no solo dedica menos presupuesto al paciente que una gestión directa desde la Administración pública, sino que no hay prueba de que la gestión privada sea más beneficiosa partiendo de las mismas ratios de inversión. Por otro lado, los datos demuestran que las privatizaciones y los recortes han empobrecido y deteriorado el dispositivo público encargado de garantizar la igualdad en el acceso a la protección de la salud», sentencia Unidas Podemos.
