Unidas Podemos urge al Gobierno a frenar el ERE en Airbus y pide un plan de choque en el sector aeroespacial

Unidas Podemos ha urgido este martes a las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Trabajo, Yolanda Díaz, a adoptar medidas para tratar de paralizar los expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados en Airbus y en otras empresas del sector aeroespacial, para el que reclama también un plan de choque urgente y un plan estratégico a medio y largo plazo.

Así, el grupo confederal ha remitido sendas cartas a las dos ministras del Gobierno de coalición del que forma parte y a la dirección de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para tratar de frenar estos expedientes.

En estas misivas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el portavoz industrial de Unidas Podemos en el Congreso, Alberto Rodríguez, relata que hasta este mes se han planteado expedientes que afectan a más del 15% de los trabajadores del sector, unos 3.500 empleos sobre unos 21.000 empleos directos.

A los 1.600 despidos anunciados en Airbus, según los datos facilitados por CC.OO. citados en la misiva, se les han de sumar 271 trabajadores en Aciturri, 587 en Alestis, 319 en ITP, y en Aernova, donde aunque aún no hay presentado un ERE, la previsión es que afecte a unos 650 trabajadores.

«Parece evidente y urgente la paralización de la destrucción de empleo que, cuando menos, confronta de lleno con la rentabilidad social en un momento en el que nuestro país no puede permitirse enviar al desempleo a miles de trabajadores cualificados», asegura Rodríguez.

Asimismo, señala además el valor añadido y estratégico de este sector para la reconstrucción económica y el papel que debe jugar en los próximos Presupuestos y en los futuros fondos europeos, lo que le lleva a exigir, tanto a la SEPI como a la dirección de las empresas, la paralización de los ERE.

En este sentido, recuerda la regulación aprobada para utilizar ERTE y proteger los puestos de trabajo, y subraya que «el mantenimiento del empleo» en el sector «es condición sine qua non para abordar» un plan de choque en el sector y un plan estratégico de Estado.

Por último, el diputado recuerda en su carta que la SEPI tiene la participación total de quince empresas con capital público 100%, nueve con participación directa y cien indirectas. A su juicio, son «datos más que suficientes» para «exigir la responsabilidad societaria acorde con las necesidades de este país y del interés de toda una sociedad». Por eso, pide al sector público empresarial que «esté a la altura de la responsabilidad y exigencias que el momento requiere».

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