UGT pide un procedimiento excepcional que permita a las plantillas de las mutuas cobrar la subida salarial
La Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha reclamado al Gobierno que se plantee un procedimiento excepcional que permita a las plantillas de las mutuas cobrar la subida salarial comprometida para este año.
La federación ha dirigido una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, donde insta a que haya un procedimiento en materia de autorización de las masas salarial y de los acuerdos de distribución mucho más ágil que el actual.
Según el sindicato, en la actualidad solo una de las 19 entidades han pagado los aumentos. Así, ha explicado que estas organizaciones, como el resto del sector público estatal, están obligadas a pasar por un proceso de autorización de las masas salariales y acuerdos para distribuirlos.
En esta línea, el sindicato ha señalado que el problema es que el proceso se ralentiza mucho y hay casos en los que aún se debe el incremento salarial firmado para 2019.
UGT ha reconocido el interés del Gobierno por cumplir con el acuerdo suscrito en 2018, ya que para ello se han tomado medidas para que se apliquen los incrementos retributivos pactados e incluso sin Presupuestos, lo que «ha permitido recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los recortes impuestos a los trabajadores del sector público durante la crisis de 2008».
No obstante, ha lamentado que no todo el personal sanitario del sector público «ha corrido la misma suerte». «Los médicos, enfermeras, fisioterapeutas, técnicos en cuidados de enfermería o celadores de las mutuas no han recibido el mismo trato en materia económica», ha denunciado.
Además, ha apuntado que el agravio comparativo es aún «más lamentable» en un momento en el que este colectivo de profesionales de las mutuas «ha hecho gala de los mismos valores y sacrificios que sus homólogos en el Sistema Nacional de Salud». «El papel de las mutuas no se limita a la atención sanitaria, ya que durante la crisis han tenido un papel protagonista en la concesión de la prestación por cese de actividad para los autónomos», dice el sindicato.
UGT también ha pedido a Escrivá que inicie un proceso de análisis sobre estas entidades, porque «las mutuas llevan años sufriendo una constante modificación normativa, lo que deviene en una enorme inseguridad jurídica, pérdidas de derechos laborales y empeoramiento de las condiciones de trabajo para sus plantillas, pero también en un deterioro de la calidad asistencial para la ciudadanía».
