Tomás Gómez critica «actitudes poco éticas» en ERTEs y pide extender el aval público a créditos comerciales

El profesor de la Universidad Internacional de Valencia y exdirigente del PSOE Tomás Gómez ha criticado las «actitudes poco éticas» de algunas empresas a la hora de tramitar sus ERTEs con motivo de la emergencia sanitaria derivada de la expansión del virus Covid-19 y ha reclamado extender a los créditos comerciales la línea de avales puesta en marcha por el Gobierno para garantizar la finaciación de empresas y autónomos.

Y es que, pese a poner a disposición del sistema productivo hasta 100.000 millones de euros en avales, el que fuera secretario general del PSOE en Madrid y candidato a presidir la Comunidad de Madrid considera que que los impagos de los créditos que se realizan entre empresas «pueden generar muchas bancarrotas» y que este sistema de riesgo compartido puede extenderse a estos préstamos «siempre y cuando se palie» el llamado «riesgo moral» o «uso malintencionado de los fondos».

Respecto a los ERTEs, considera que hay empresas que antes de tramitarlos «han intentado, incluso conseguido, que algunos trabajadores renuncien a su jornada completa» y señala que, si bien solo es posible si se hace voluntariamente, señala que «la voluntariedad en muchas pymes es un concepto muy indefinido».

«Seguramente se producirán muchos despidos en los próximos meses por causas económicas pero, si conseguimos reactivar la demanda, la marea subirá y los barcos flotarán», ha aseverado, en declaraciones facilitadas a Europa Press por la Universidad Internacional de Valencia, donde ejerce de profesor de Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Eso sí, Gómez se muestra totalmente contrario a rebajar los impuestos –«dependen de la renta y una caída reducirá la recaudación y terminará de eliminar la capacidad de actuación del Gobierno–, pide «priorizar» el gasto y facilitar la financiación a los bancos, obligando al prestamista a un período de carencia: «Si el Estado hace sus deberes, también debe hacerlos el sistema financiero», asegura.

En este sentido, Gómez incide en que, si en 2008 el sistema financiero «recibió toda la protección» por parte de los Estados, ahora los gobiernos «deberían tomar medidas» para que los bancos «no aprieten el nudo de la corbata a microempresas y pymes», y reivindica mecanismos para «discriminar entre empresas que tienen un problema coyuntural y que se recuperarán en meses, de aquellas que arrastran problemas estructurales».

«Las prédidas transitorias por impagos para los bancos podrían ser del entorno de unos 400 a 1.000 millones de euros si la crisis no se transforma en una permanente, pero de muchísimo más si se produce el cierre de cientos de empresas», advierte.

Pese a las dificultades para cuantificar el impacto económico, Gómez asume un parón de la economía, a falta de saber de cuánto y por cuánto tiempo, pero los datos que maneja «parecen apuntar a una caída del PIB de 2-3 puntos si la crisis llegase al verano» y una recesión de un año de duración.

Sin embargo, alerta de que «la capacidad de endeudamiento de España es limitada», frente a las medidas más ambiciosas que algunos sectores reclaman, y subraya que mantener el actual sistema nacional de Sanidad «es fundamental», ya que permite afrontar con mayores garantías esta crisis que otros países económicamente muy potentes, como Estados Unidos y Reino Unido. «España tiene a su favor un sistema sanitario poderoso a pesar de los recortes sufridos en la crisis del 2008», subraya.