SEVILLA, 23

El Grupo Socialista considera que los tres años de trayectoria de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz en torno a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) han sido un «tiempo perdido» para «un trabajo serio y riguroso», ya que «nunca ha sido la verdad la que se buscaba» en dicho órgano, «sino el reproche político a los anteriores gobiernos socialistas» de la Junta.

Así figura en el texto del voto particular, al que ha tenido acceso Europa Press, que el Grupo Socialista ha registrado respecto al dictamen aprobado el pasado 4 de abril por dicha comisión con los votos a favor de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, y que se debatirá en el Pleno del Parlamento el próximo miércoles, 27 de abril.

El Grupo Socialista justifica como una «obligación ética» la presentación de este voto particular, tanto «por respeto a las personas que han comparecido» en la comisión como «por respeto a la verdad», y en esa línea sostiene que no se ha podido sacar «ninguna» conclusión de dicha comisión, «porque ese nunca fue el fin perseguido» por parte del Consejo de Gobierno de PP-A y Cs que solicitó su creación en 2019.

En esa línea, el Grupo Socialista sostiene que PP-A, Cs y Vox «ya venían con las conclusiones redactadas» a la comisión, «y lo que les interesaba de las declaraciones de los comparecientes (…) no era lo que estos pudieran aportar para conocer lo realmente ocurrido durante la vigencia de la Fundación, de 2003 a 2011, sino que ratificaran sus tesis apriorísticas y especulativas sobre la existencia de la fundación misma».

El PSOE-A pone de relieve que la comisión «nace y muere con la XI Legislatura de la mano del presidente Moreno Bonilla, que continúa obsesionado con hacer olvidar a esta comunidad autónoma todo el trabajo de los gobiernos que le han precedido y todos los avances y transformaciones que han acontecido en Andalucía».

SOBRE LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Para los socialistas, del dictamen «llama la atención que se determinen responsabilidades políticas de ex presidentes como José Antonio Griñán, que no pudo comparecer» en la comisión «al no haber sido citado en tiempo y forma», o Susana Díaz, que «compareció, tras errores en diversas notificaciones, dejando clara su imposible implicación en el caso al haber accedido a la Junta de Andalucía años después de la existencia de la Faffe».

También cuestiona el PSOE-A que el dictamen atribuya responsabilidades políticas a la exconsejera de la Junta y actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que fue convocada a la comisión «a sabiendas de que este Parlamento no tiene facultades para ello».

En su voto particular, el PSOE-A tacha de «auténtica chapuza» y critica la «falta de rigor jurídico y político» tanto del dictamen aprobado como del documento síntesis que le precedió, donde aprecia «imprecisiones, conclusiones apriorísticas, prejuicios, falta de conocimientos técnicos, errores conceptuales y grandes dosis de imaginación en la construcción de un relato falaz y manipulado de la verdad».

La aprobación del dictamen «deja en evidencia que la verdad no será la prioridad» para el PP-A, sino que «seguirá siendo el tacticismo político», según el Grupo Socialista, que «espera y desea que la verdad se imponga, tarde o temprano, en el Parlamento de Andalucía y esperemos que también en los tribunales».

En esa línea, el voto particular del PSOE-A sostiene que «si ha habido actos deplorables» en torno a la Faffe, «y no dudamos que hayan existido, únicamente son achacables a la persona que los cometió», así como que si además «estos actos son de carácter exclusivamente personal e individual, y se suelen cometer con la más absoluta intimidad, es imposible que alguien más tuviera conocimiento de los mismos», y «si se utilizó dinero público es además bochornoso y condenable», y el Grupo Socialista afirma estar «en la posición de pedir toda la contundencia en su castigo».

«Pero sobre nada de eso ha versado esta Comisión, porque la misma ha sido un tiempo perdido solo al servicio de un gobierno que tan solo pretendía tener cada dos viernes –días en los que realizaban las sesiones de la misma– páginas y páginas de periódico y noticias en Canal Sur (…), donde se pudiera seguir desgastando a los anteriores gobiernos socialistas», critica el grupo del PSOE-A.

Concluye así este voto particular que la comisión de investigación sobre la Faffe y su dictamen «solo han servido para seguir construyendo el relato y el discurso falso de la supuesta corrupción institucionalizada en Andalucía, un relato que durante años solo sirvió para intentar alcanzar el poder a cualquier precio y ahora solo sirve para intentar olvidar y tapar todo lo construido y todo lo trabajado desde gobiernos limpios y honrados, para seguir destruyendo vidas y trayectorias limpias e intachables». «Este es el precio que todavía sigue pagando el grupo parlamentario socialista por haber tenido el orgullo y el honor de haber contado con la confianza de la ciudadanía andaluza», lamentan.

De igual modo, acerca de la gestión de la Faffe, el Grupo Socialista subraya que la fundación estuvo «sometida a control tanto de los órganos de control interno, Intervención General y Registro de Fundaciones, como externos, Cámara de Cuentas y órganos europeos, (…) en relación con los fondos europeos gestionados» por la misma, y «en ninguno de los informes de auditoría anuales ni en los tres informes realizados por la Cámara de Cuentas se puso de manifiesto ningún tipo de responsabilidad contable, legal o patrimonial», así como «en ninguno de ellos se encontraron irregularidades, limitándose a hacer recomendaciones de mejora y a la revisión de la elegibilidad de algunos conceptos de gasto de pequeña cuantía».

No obstante, el Grupo Socialista alude en su voto particular a presuntas «actuaciones irregulares» en la Faffe como el «uso irregular de la tarjeta de crédito del que fue gerente» de la fundación, Fernando Villén, y al respecto recuerda que éstas son objeto actualmente de investigación judicial, y defiende que la actuación de la Junta «en todas las causas judiciales abiertas» en la fundación ha sido de «colaboración absoluta», por lo que «se ha construido un relato falso» en torno a esa cuestión, cuando esos anteriores gobiernos socialistas fueron «los que facilitaron la información» a la Justicia.

En esa línea, asevera que el PSOE «es el primero en exigir, si han existido irregularidades, que se depuren por los tribunales de justicia las responsabilidades y, sobre todo, que se devuelva el dinero que se hubiera usado indebidamente».

El Grupo Socialista subraya que «las actuaciones que pudieran derivarse de estos hechos tienen todo» su «reproche moral», porque «ni con dinero público o privado se justifican estos actos», y «cuando además se usa y abusa del dinero público que es de todos los andaluces debemos exigir la mayor dureza y rechazo».

Pero desde el PSOE-A remarcan que «estos actos son individuales, y solo la persona que los hubiera cometido debe responder por ellos», y «en ningún caso» van los socialistas «a admitir una causa general contra unos gobiernos cuyos miembros siempre han rechazado y denunciado estos hechos y han colaborado con la justicia».

DICTAMEN «SESGADO»

Finalmente, el voto particular concluye que el dictamen aprobado «no responde ni a la documentación que hemos tenido oportunidad de examinar ni, sobre todo, a las manifestaciones de los comparecientes» en la comisión, de forma que es «totalmente sesgado», ya que, en él, no se ha tomado en consideración «ni una sola de las recomendaciones o conclusiones» del Grupo Socialista.

Desde el PSOE-A denuncian, por último, «la utilización partidista y la instrumentación política de esta Comisión como una causa general contra los gobiernos socialistas».