PP ve en la anulación de la ley de abusos policiales navarra «un varapalo a la credibilidad» de Gobierno central y vasco
Amaya Fernández considera que los cambios que proponen PNV y PSOE en la ley vasca representan un «mero ejercicio cosmético»
BILBAO, 29
La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha considerado que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la ley navarra de reconocimiento de víctimas de abusos policiales y grupos de extrema derecha, representa un «varapalo a la credibilidad» de los gobiernos central y vasco.
En declaraciones a Europa Press, Amaya Fernández se ha referido a la decisión del Tribunal Constitucional de anular la ley navarra de reconocimiento de víctimas de abusos policiales y grupos de extrema derecha, que estaba suspendida cautelarmente por el veto del Gobierno del PP.
A juicio de Fernández, la decisión del TC supone «un varapalo a la credibilidad del Gobierno central y vasco» y debe traer consigo la «inmediata reflexión del Ejecutivo central», al que ha acusado de «estar dispuesto a ser la herramienta del nacionalismo para que éste sortee el control constitucional».
Para Fernández, el pronunciamiento del Constitucional deja «en evidencia» tanto a PSOE como al PNV en su «intento de sortear el control de legalidad y de que el nacionalismo vasco se atribuya funciones que corresponden al poder judicial».
Tras advertir de que las vulneraciones de derechos humanos son algo «gravísimo, más cuando éstas hayan sido cometidas por funcionarios públicos», ha destacado que el PP vasco lleva en su ADN la condena y la «frontal oposición a cualquier vulneración de derechos humanos». «Pero ello no debe suponer la renuncia a la seguridad jurídica y las garantías necesarias», ha añadido.
Para la dirigente del Partido Popular vasco, los cambios que proponen PNV y PSOE en la ley vasca representan un «mero ejercicio cosmético», ya que «no cambia el objetivo de la ley vasca de abusos policiales, que pretende que una comisión extrajudicial presente, sin pruebas, a la Ertzaintza, Policía y Guardia Civil, como torturadores sistemáticos».
