PP-A pide investigar si la Junta «falseó» un documento para la defensa de Griñán en el juicio de los ERE

Dice que el documento, fechado en 2004 y aportado por Griñán, lleva fecha y sello «distinto» al que la Junta remitió en su día

SEVILLA, 17

La representación procesal del PP-A en el juicio de los ERE, donde ejerce la acusación popular, ha solicitado que se investigue si la Junta de Andalucía «falseó» un documento aportado hace algo más de una semana a la causa por la defensa del expresidente José Antonio Griñán.

Según informa el PP-A en un comunicado, se trata de un certificado de acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el 28 de diciembre de 2004, que lleva una fecha y un sello «distinto a la prueba original» que la Junta de Andalucía remitió en su día para la causa de los ERE.

En concreto, el documento corresponde al expediente de modificación presupuestaria 946/2004 denominada Transferencia de créditos en el capítulo IV de los programas 3.2.B y 3.2.H del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que fue aportado por la defensa de Griñán durante su declaración del pasado 5 de abril.

Según los populares , dicho documento contiene «incongruencias respecto al que ya obra en la causa, lo que podría ser producto de un presunto falseamiento, tales como que el anverso del documento que obra en la causa está firmado por el viceconsejero de Presidencia el 28 de diciembre de 2004 y el que aporta la defensa de Griñán está fechado el 30 de diciembre de 2004».

«FIRMA ILEGIBLE Y SIN SELLO»

Igualmente, el PP-A señala que «en el reverso del documento obrante en la causa no aparecen las firmas del director general de Presupuestos y del jefe de servicio de Presupuestos de Actividades Sociales, que sí aparecen en el aportado por la defensa de Griñán», mientras que la firma del jefe de servicio de Presupuestos de Actividades Sociales «es una firma ilegible, sin sello, sin identificar al firmante, que se señala que lo hace «por autorización» (P.A.), figura inexistente en derecho administrativo que sólo permite la suplencia o la delegación», según el escrito de la representación procesal del PP-A en el caso ERE.

En el escrito remitido a la Audiencia de Sevilla, los letrados del PP-A también advierten de que el informe del Interventor General de la Junta de Andalucía que ha aportado José Antonio Griñán «es la página 4 de un fax, omitiéndose, al menos, las tres primeras páginas, con lo que la información ofrecida es sesgada e incompleta».

Ante esta situación, los letrados del PP-A en la causa de los ERE solicitan al tribunal que dicha documentación «sea admitida, pero como prueba sobre la declaración de José Antonio Griñán, que con la aportación de este documento presuntamente falseado pretende acreditar que sólo plasmaba su firma para elevación de la propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno cuando obraban todos los informes y firmas necesarias».

Por todo ello, la acusación popular que ejerce el PP-A solicita al juez que «deduzca testimonio de dichos documentos y los obrantes en la causa que se citan en el presente escrito, para su remisión al Juzgado de Instrucción por si los hechos fuesen constitutivos de delito de falsedad documental o, incluso, de estafa, en la modalidad de fraude procesal».

EXIGE EXPLICACIONES A LA JUNTA POR «DUPLICACIÓN» DE DOCUMENTOS OFICIALES

Más allá del procedimiento judicial, el PP-A exige a la Junta que aclare esta «duplicación de documentos oficiales y ofrezca explicaciones sobre su intervención en estos hechos». En su opinión, «el Gobierno socialista tiene la obligación de explicar a los andaluces si ha intervenido u ordenado intervenir en el presunto falseamiento de un documento oficial que, para mayor gravedad, tenía como finalidad ser aportado en una causa judicial en la que están acusados dos expresidentes y una veintena de exaltos cargos de la Junta de Andalucía».

En este sentido, los populares subrayan su «respeto a la presunción de inocencia de todos los acusados» en el caso ERE, pero deja claro que «no cejará en su empeño de aportar luz, tanto desde el plano político como el judicial, al mayor caso de corrupción que se ha dado en la historia democrática de Andalucía» y que se marca como objetivo «la recuperación de los fondos defraudados a todos los andaluces, objetivo al que el Gobierno de Susana Díaz ha renunciado, haciendo dejación de sus funciones».