Ponce (FROB) defiende el papel de la JUR en el caso Popular porque evitó el uso de recursos públicos
Insta a utilizar la actuación temprana y a sustituir a los gestores que no logren enderezar una entidad en problemas
El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y ex subdirector general de Legislación y Política Financiera, Jaime Ponce, ha defendido la actuación de la Junta Única de Resolución (JUR) en el caso de Popular, dado que su resolución evitó un impacto sobre los depósitos y el uso de recursos públicos.
«La JUR cumplió el mandato institucional asignado. Logró gestionar la situación de inviabilidad del banco español protegiendo la estabilidad del sistema financiero, evitando impacto alguno en los depósitos, ofreciendo completa continuidad operativa a todos los clientes y evitando el uso de recursos públicos», ha apuntado durante su intervención en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera en España y el programa de asistencia financiera, que este miércoles celebra su última sesión del año y que se retomará el 9 de enero.
Tras describir los acontecimientos ocurridos en relación a la entidad entre los días 3 de junio -cuando el FROB decidió iniciar un proceso competitivo de venta de Popular– y 7 de junio -venta del banco a Santander–, Ponce ha puesto en valor las lecciones aprendidas.
En primer lugar, ha destacado la importancia de los tiempos cuando se decide la inviabilidad de una entidad, una decisión «tremendamente compleja, irrevocable» y que «desata consecuencias de un enorme rigor». Ponce ha puesto en valor que es importante no actuar demasiado pronto ni muy tarde, pero que, en todo caso, «es más fuerte y habitual la atracción por confiar en que medidas paliativas resolverán el problema que la hipotética precipitación de las autoridades por declarar la inviabilidad y poner en marcha un plan de resolución».
Ponce ha señalado que los gestores de las entidades deben ser «conscientes» de que «el tiempo para la solución de sus debilidades no es ilimitado», especialmente si se trata de bancos que pueden poner en jaque la estabilidad financiera.
Además, ha apuntado la importancia de que cuando un gestor no logra «enderezar el rumbo» de una entidad en problemas es necesario que sea sustituido «lo antes posible» para favorecer la identificación de las pérdidas a atajar.
Asimismo, ha instado a utilizar la «actuación temprana», la primera fase del marco legal de la resolución, para facilitar la adopción de «medidas severas de retorno a la viabilidad» o avanzar en los procesos preparatorios de una resolución. «El limitado uso que se está haciendo de esta herramienta a nivel europeo por la presencia de diferentes obstáculos hace recomendable su revisión», ha dicho.
