Podemos critica que Pedro Sánchez quiera reformar ahora el delito de rebelión para señalar al «enemigo político»

Unidos Podemos ha criticado la idea del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de modificar el Código Penal para actualizar al siglo XXI el delito de rebelión porque no cree que sea el tema más relevante que precise actualización y porque, a su juicio, sólo pretende señalar e identificar al «enemigo político».

Así lo ha puesto de manifiesto, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de Justicia de Unidos Podemos en el Congreso, Eduardo Santos, después de que Sánchez defendiese este miércoles la necesidad de actualizar ese tipo penal a los tiempos que corren porque, tal y como está redactado hoy en día, se vincula «absolutamente» a un golpe militar.

Esta reforma, ha explicado el líder socialista, persigue adecuar el delito de rebelión a sucesos como los ocurridos en Cataluña con el fin de dotar al Estado de instrumentos precisos con los que defender un «bien jurídico» como la Constitución frente a aquellos que aprovechan su condición de líderes de instituciones democráticas para «subvertir el orden constitucional».

NO SE PUEDE LEGISLAR «EN CALIENTE» Y POR UN CASO CONCRETO

Santos ha censurado que el objetivo del PSOE no sea otro que «judicializar» una vez más la política dando un tratamiento penal a un conflicto estrictamente «político» en lugar de asumir su «responsabilidad» para solucionarlo por la vía del «diálogo».

El diputado navarro considera «una mala técnica» legislar «en caliente» y al hilo de un caso concreto, como es el caso de Cataluña, sobre todo porque ya se han cambiado tipos penales en el vigente Código Penal por casos concretos, entre los que ha citado los de Sandra Palo o Marta del Castillo.

«No se puede cambiar el Código Penal para llamar rebelión a lo sucedido en Cataluña, porque lo que se hace es identificar a un enemigo político, y no legislar en favor de los intereses generales», ha señalado.

Además, Santos considera «discutible» que actualizar el delito de rebelión sea una «prioridad» en el Código Penal, y que su reforma pueda contribuir a solucionar un problema, el catalán, de raíz «política».

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