Ortega (Abogacía) cree que habrá suspensiones de vistas judiciales

El Consejo General de la Abogacía ha establecido un plan de teletrabajo, que ya está en funcionamiento en algunas comunidades

SANTANDER, 12

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, cree que, aunque en la Administración de Justicia se establezcan medidas de teletrabajo por la epidemia del coronavirus, «probablemente» habrá suspensión de vistas.

Así lo ha señalado este miércoles Ortega en declaraciones realizadas en Santander a los medios de comunicación en el marco de su intervención en el III Encuentro Económico Empresarial organizado por la Asociación De Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC).

Ha explicado que ya desde el Consejo General de la Abogacía se ha establecido un sistema de teletrabajo por el coronavirus, que ya está funcionando, sobre todo en Madrid, una de las comunidades más afectadas.

Aunque en Madrid es donde primero ha empezado este sistema de teletrabajo entre los abogados debido al número de positivos que hay en la comunidad y a algunas medidas adoptadas, como la suspensión de las clases en los colegios, la presidenta del Consejo cree que se irá extendiendo en otros lugares dependiendo de cómo avance la epidemia.

Así, ha explicado que ya desde otros colegios de abogados están mandándole informaciones al respecto y cree que «antes o después» se irán poniendo en funcionamiento. «Quien más ha avanzado son Madrid, Vitoria, Logroño… iremos viendo. Parece que la situación en Cantabria en este momento es estable pero nos iremos sujetando a lo que se vaya diciendo», ha dicho Ortega, que es palentina de nacimiento pero que ha desarrollado en Cantabria la mayor parte de su trayectoria profesional.

Ortega ha señalado que ese sistema de teletrabajo en el Consejo se irá «revisando día a día» en función de las indicaciones que se vayan dando desde las autoridades sanitarias y de cómo evolucione la epidemia.

«Yo creo que la recomendación mejor es seguir todas y cada una de las instrucciones que va dando Sanidad de forma que tengamos todas las medidas de prevención pero al tiempo que tampoco creemos una alarma que sea innecesaria. Es saber encontrar ese equilibrio. Yo comprendo que es complicado pero es algo que tenemos que hacer», ha apuntado.

La presidenta del Consejo ha destacado que, aunque en la Administración de Justicia hay tareas que pueden seguir realizando a través del teletrabajo, hay un parte «importante» de la actividad que tiene que ver con la asistencia al público y con la celebración de vistas, que cree que «probablemente» se verán afectadas por suspensiones.

Cuestionada acerca de si tecnológicamente la Administración de Justicia está preparada para el teletrabajo, ha señalado que eso depende de cada lugar.

En este sentido, ha opinado, en su intervención en el Encuentro de ADMEC, qu Cantabria, Navarra o Aragón figuran entre aquellas más avanzadas en materia de administración electrónica en Justicia y sirven de «modelo al resto».

OTRAS INSTANCIAS JUDICIALES

Ortega ha hecho referencia a las instrucciones que se están adoptando desde difentes instancias judiciales, como la Fiscalía General del Estado o el Consejo General del Poder Judicial.

En Cantabria, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y el Colegio de Abogados en la comunidad han consensuado este miércoles suspender el uso de togas en juicios y vistas, según ha informado en Twitter la organización colegial.

PACTO DE ESTADO POR LA JUSTICIA Y OTRAS PETICIONES

Al margen de lo relativo al coronavirus, Ortega se ha referido en su intervención en el Encuentro de ADMEC, que se ha celebrado en el Casino de Santander, del futuro de la Administración de Justicia y, dentro de ella, de la Abogacía.

En este foro, ha vuelto a resaltar la necesidad de un Pacto de Estado por la Justicia. «Es absolutamente imprescindible llegar a este acuerdo y debe ser una de las prioridades del Estado», ha dicho Ortega, que, en este sentido, ha señalado que «se niega a pensar que seamos una sociedad incapaz de llegar a acuerdos».

Ha opinado que este pacto exige una reforma de la Justicia «integral y estructural», que debe estar «necesariamente consensuada» y debe implicar, entre otras cuestiones, reformas legislativas.

Así, ha señalado que, en la actualidad, hay leyes procesales, mercantiles y de obligaciones y contratos «del siglo XIX» y que «no responden a la realidad».

También ha señalado que dicha reforma de la Justicia debe abarcar ámbitos tecnológicos y el de la agilidad y cuestiones de organización territorial y de planta.

Además, ha reclamado la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, de la que –ha recordado– ya hay un anteproyecto consensuado por las fuerzas políticas desde hace 5 años «pero que no acaba de ver la luz».

En este sentido, Ortega ha subrayado que no se está reclamando una ley orgánica para abogados sino «para el ejercicio de un derecho fundamental.

También ha pedido la aprobación del Estatuto General de la Abogacía, el cual, a su juicio, «no debe dar ningún temor» porque la regulación de la colegiación obligatoria «para nada es un obstáculo para el libre mercado ni para la competencia».

«Lo que está preservando exactamente es el derecho que tiene la ciudadanía de que los profesionales tengan una formación de calidad, que tengan un desarrollo profesional continuo a lo largo de toda su vida profesional, que tengan una validez de la colegiación garantizando ese desarrollo profesional continuo y que exista un control deontológico en lo que es su ejercicio profesional», ha defendido.

DEFENSA DE LA JUSTICIA GRATUITA COMO SERVICIO PÚBLICO

Ortega, en su ponencia, también ha abordado otras cuestiones, como por ejemplo la justicia gratuita, sobre la cual ha considerado «fundamental» que sea considerada un servicio público.

En este sentido, ha señalado que la justicia gratuita es valorada positivamente por el 86% de sus usuarios, un nivel de satisfacción mayor que incluso alcanzan otros servicios públicos, como la sanidad.

También, en su intervención, ha defendido la necesidad de lograr un mayor grado de ejecución de las resoluciones judiciales. «La función jurisdiccional es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pues estamos ejecutando un 37% de las resoluciones. Esto necesariamente hay que cambiarlo», ha dicho.

Ortega también ha señalado la necesidad de seguir ahondando en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como el arbitraje o la mediación.

IGUALDAD

También, y dado que su conferencia se ha celebrado solo tres días despúes del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), Ortega se ha referido al papel de la mujer en la justicia.

En este sentido, ha señalado que casi el 54% de la integrantes de la carrera judicial son mujeres y son mayoría en 15 comunidades autónomas (todas menos Aragón y Murcia).

Aunque, por ejemplo, son mayoría también en los órganos jurisdiccionales unipersonales, salvo en lo contencioso-administrativo y el ámbito mercantil, Ortega ha señalado que la presencia de mujeres va siendo minoritaria a la vez que se va subiendo «en la pirámide» judicial.

También se ha referido a la presencia minoritaria de mujeres en cargos de responsabilidad de las empresas y ha subrayado que siguen siendo las mujeres también las que fundamentalmente se reducen la jornada o solicitan excedencia para el cuidado de sus hijos.

A su juicio, esto quiere decir que, aunque «se ha avanzado mucho hacia la igualdad», se está haciendo con «exasperante lentitud» y cree que debe ser considerado una «prioridad absoluta».

En este sentido, se ha referido a los casos de violencia de género, a su juicio, «la mayor muestra de desigualdad» que existe. «No se puede seguir así», ha zanjado.