Marlaska se convierte en el ministro del Interior más longevo pese a continuas críticas de oposición y socios del PSOE

La tensión en la calle por la ley de amnistía, las competencias a policías autonómicas, la gestión migratoria o la amenaza terrorista por el conflicto Israel-Hamás, marcarán su gestión

El juez Fernando Grande-Marlaska se convertirá en el ministro del Interior más longevo de la democracia, ya que lleva ya cinco años en el cargo, desde el primer Gobierno formado en 2018 por Pedro Sánchez, y repetirá al frente de una cartera de Estado pese a las críticas constantes de la oposición de PP y Vox y a veces desde socios parlamentarios del PSOE, especialmente ERC y EH Bildu.

Grande-Marlaska superará a José Barrionuevo y José Luis Corcuera, ambos ministros del Interior con Felipe González en los años 80. En 2018 sorprendió su inclusión al ser un juez que había promocionado hasta entonces gracias al respaldo del PP.

La paz social en las calles en un momento de tensión por las protestas contra la ley de amnistía que permitió revalidar a Pedro Sánchez la Presidencia del Gobierno, la gestión migratoria o la amenaza terrorista por el conflicto Israel-Hamás marcarán previsiblemente su gestión. También hay ya críticas internas debido la cesión de competencias a policías autonómicas, según lo acordado con partidos independentistas catalanes y el PNV.

Grande-Marlask ha tenido que gestionar momentos de gran tensión como el vivido en octubre de 2019 por los disturbios por la sentencia del procés o de crisis profunda con Marruecos como la entrada masiva en Ceuta de ciudadanos del país vecino en 2021 y el retorno de menores que fue paralizado por la justicia, así como la tragedia en la valla de Melilla con una veintena de fallecidos o la llegada de pateras, de nuevo en cifras históricas en Canarias.

REPROBADO POR EL CONGRESO

El pasado mes de febrero, recibió la reprobación del Congreso acusado de «mentir» en la gestión de la tragedia junto a la valla de Melilla de junio de 2022, que dejó más de una veintena de migrantes muertos, y en la que se esforzó desde el primer momento por defender la gestión de la Guardia Civil y de Marruecos al hablar de «salto violento» del perímetro fronterizo.

En la crisis en Melilla se usó material antidisturbio y se realizaron devoluciones en caliente de migrantes, lo que motivó la crítica de partidos como ERC y EH Bildu, que luego impidieron por este motivo la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana del PP de 2015, conocida como ley mordaza, y que sigue en vigor.

Aunque muchas quinielas auguraban su salida del Gobierno en anteriores remodelaciones y también ahora, el juez Grande-Marlaska continúa comandando uno de los ministerios de Estado, por su relevancia en el día a día en la gestión de la seguridad del Estado, así como la Policía Nacional, la Guardia Civil, Instituciones Penitenciarias o la DGT.

La protección de las víctimas de violencia de género y las mejoras en el sistema de Viogén han sido una de sus prioridades, junto a los planes de igualdad en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, preside la mesa de valoración terrorista, que mantiene el nivel 4 sobre 5 en un momento de creciente tensión por el conflicto bélico entre Israel y Hamás, y en última instancia supervisa los dispositivos policiales como los de estos días en la sede del PSOE en Ferraz por las protestas contra la ley de amnistía.

CESES EN LA GUARDIA CIVIL

Su mandato ha estado en parte marcado por los ceses de relevantes mandos de la Guardia Civil, como Manuel Sánchez Corbí cuando estaba al frente de la Unidad Central Operativa (UCO) y, sobre todo, el coronel Diego Pérez de los Cobos, destituido y luego repuesto por sentencia judicial en la Jefatura de la Comandancia en Madrid, cuando subordinados suyos investigaban la posible conexión entre las manifestaciones del 8-M y el inicio de contagios de Covid-19.

Grande-Marlaska también ha tenido que gestionar este tiempo el cese de María Gámez como directora de la Guardia Civil y otras decisiones, rodeadas de críticas, como la política penitenciaria en lo referente al acercamiento de presos de ETA, poniendo fin a la dispersión para llevar a los condenados por terrorismo a cárceles del País Vasco, comunidad a la que cedió la competencia en materia penitenciaria.

Al inicio de su mandato, que inició en 2018 definiéndose como un técnico en un Gobierno socialista, aunque luego matizó que se sentía y actuaba como un político del PSOE, Grande-Marlaska también fue muy criticado por Ciudadanos por unos incidentes en la marcha del orgullo en Madrid en la que fueron increpados cargos del partido naranja.

CRÍTICAS POR CESIONES A MOSSOS Y ERTZAINTZA

Fue entonces cuando ejecutó el acuerdo de equiparación salarial firmado por su antecesor, el popular Juan Ignacio Zoido. En estos años, Grande-Marlaska ha recurrido muchas veces a la comparación con la gestión de los ministros del PP, sobre todo aludiendo a escándalos como el caso Kitchen . Los sindicatos policiales le reprochan las cesiones de competencias en beneficio de los Mossos d Esquadra y de la Ertzaintza, así como la salida de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra.

Grande-Marlaska y su equipo – destacando en la Secretaría de Estado primero la socialista Ana Botella y luego Rafael Pérez, que también es juez de carrera– han gestionado situaciones como las cartas con amenazas y balas, que marcaron las elecciones a la Comunidad de Madrid en mayo de 2021, así como el fracaso de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, debido a que ERC y Bildu querían prohibir las pelotas de goma de los antidisturbios o las devoluciones en caliente de migrantes.

Estando en funciones, el ministro Grande-Marlaska también ha recibido estos últimos días críticas, sobre todo de Vox, por el despliegue policial y las cargas en la sede del PSOE en Ferraz, donde desde hace días se manifiestan cientos de personas, entre ellos ultras de extrema derecha, para protestar por la ley de amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez.

Precisamente relacionado con la ley de amnistía, una de las decisiones que tiene que tomar el Ministerio del Interior guarda relación con la petición de escolta en Bélgica solicitada por el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont. Interior recibió la petición de la Generalitat y ha trasladado una consulta a la Abogacía del Estado, como hizo en 2018, entonces para negarle la protección policial en Bélgica tras huir de España para evitar la acción de la Justicia.

Fuentes del Ministerio del Interior han señalado que seguirán trabajando para que España sea un país seguro, con policías «mejor pagados y con mejores medios», aludiendo a los mil millones del plan de inversiones en ejecución y la cifra récord de agentes actualmente por las sucesivas ofertas de empleo público. También recuerdan que otros funcionarios como los de prisiones disfrutan ya de un «aumento de sueldo de 250 euros de media, alcanzando el menor ratio de la historia de funcionario-preso».