Madrid endurece las multas de 1.000 a 30.000 euros en la primera multa firme contra pisos turísticos ilegales

«Lo que pretendemos es que el importe en ningún caso compense las ganancias que se pueden derivar de una actividad ilegal»

El Ayuntamiento de Madrid endurecerá las sanciones a las viviendas de uso turístico (VUT) que no cumplan con la normativa, pasando así de los 1.000 a los 30.000 euros en sanción firme en caso de incumpliento del primer aviso de orden de cese y restablecimiento de la legalidad.

Con el nuevo plan de acción, presentado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en rueda de presa, la segunda sanción firme alcanza los 60.001 euros si continúa la actividad irregular y los 100.001 si persiste el funcionamiento en la tercera sanción firme.

Almeida ha puesto el foco en el endurecimiento del régimen sancionador. «El Ayuntamiento de Madrid no dispone de una normativa sancionadora específica para las VUT. Hasta ahora, el procedimiento que se sigue en caso de detección de funcionamiento irregular de una VUT que no se puede legalizar es el que se rige por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo. Inicialmente se ordena el cese de la actividad; si el propietario no acata la orden municipal y, posteriormente, se comprueba que continúa operando ilegalmente, se imponen multas coercitivas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros», ha detallado. Ahora pasarían 30.000, 60.000 y 100.000 euros, respectivamente.

A partir de ahora, cuando el Ayuntamiento de Madrid verifique que una vivienda se dedica a uso turístico sin contar con licencia para tal efecto, se actuará al amparo del artículo 204 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM). La legislación autonómica tipifica como infracción grave la implantación de uso incompatible con la ordenación urbanística.

Las sanciones son acumulativas en caso de que se mantenga el quebrantamiento de la ley «pudiendo llegar a acumular 190.000 euros en sanciones», ha calculado el alcalde en rueda de prensa, respaldado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

«Lo que pretendemos es que efectivamente tengan un efecto disuasorio y que el importe de las sanciones en ningún caso compense las ganancias que se pueden derivar de una actividad ilegal en el ámbito de las viviendas de uso turístico», ha alegado el regidor.