Las Cortes piden a las diputaciones provinciales fijar criterios objetivos para el pago de pluses de productividad

Reclaman mecanismos para que los cargos electos que hayan cobrado retribuciones o indemnizaciones indebidas, las devuelvan

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha instado este miércoles a las diputaciones provinciales a fijar criterios objetivos para el pago de pluses de productividad y, además, ha reclamado que se establezcan mecanismos para que aquellos cargos electos de las diputaciones que han recibido retribuciones o indemnizaciones indebidas, las devuelvan.

Este órgano ha aprobado el grueso de las propuestas de resolución que PSOE, PP y Vox habían registrado al informe de fiscalización llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas sobre los gastos de personal e indemnizaciones por razón de servicio de las diputaciones y organismos autónomos de comunidades que carecen de órganos de control externo propios.

Así, como proponían los tres grupos, las Cortes han emplazado a las diputaciones a desarrollar los criterios de asignación de los incentivos al rendimiento destinados a su personal, en particular, «mediante el establecimiento de sistemas basados en elementos objetivos para la evaluación del desempeño, a los efectos de la retribución por productividad o conceptos equivalentes».

Asimismo, les instan a mejorar sus instrumentos de planificación en materia de personal y a fijar los mecanismos necesarios para garantizar la publicidad y concurrencia en los procesos de selección de personal.

También han salido adelante las iniciativas de PP y Vox sobre la necesidad de mejorar los sistemas de control interno sobre los abonos por retribuciones, asistencias a órganos colegiados e indemnizaciones por razón del servicio de los cargos electos, en función de su régimen de dedicación. El objetivo: garantizar que se perciben por miembros que tienen derecho a ellos y que quien los haya cobrado indebidamente, los devuelva.

CURRÍCULUM DE LOS CARGOS ELECTOS

A propuesta del PSOE, se sugiere a las diputaciones a mejorar la formalización y automatización sus sistemas de control interno, adoptando un sistema de fiscalización previo las que carezcan del mismo y realizando también actuaciones de control financiero posterior.

Además, las Cortes les piden, a instancias del PP y Vox, que mantengan actualizados sus portales de transparencia, así como que incrementen la información publicada en los mismos, en particular la relativa a la trayectoria profesional de los cargos electos.

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, también ha votado este martes las propuestas registradas por los grupos al informe de fiscalización del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno por parte de las entidades locales.

En esta materia, se ha instado a los ayuntamientos a implantar portales de transparencia donde se publique la información exigida por la normativa estatal y autonómica, presentado la información de manera «clara, estructurada, entendible y actualizada».

LLAMAMIENTO A LOS INTERVENTORES

Asimismo, como planteaban Vox y el PP, se ha emplazado a los entes locales a ofrecer más información sobre el régimen de organización y funcionamiento del sector público local, como lo relativo a las relaciones de puestos de trabajo o a conceptos no retributivos abonados a los miembros de los órganos de gobierno.

Ambos demandaban también, y así se ha aprobado, la adopción de disposiciones y procedimientos específicos para la exigencia de responsabilidades por eventuales infracciones en materia de buen gobierno, así como que se regule en las entidades locales la figura del alto cargo o asimilado para poder aplicar el régimen sancionador de la ley estatal.

También a instancias de populares y Vox se ha aprobado un llamamiento a las personas responsables de la intervención municipal para que insistan «en la apreciación de los hechos advertidos en el ejercicio de su control interno de la actividad económico-financiera que sean susceptibles de constituir infracciones», que los comuniquen al órgano competente y que, en su caso, se dé traslado al Tribunal de Cuentas «por si procediese la incoación de un procedimiento de responsabilidad contable».