La Seguridad Social embargó bienes por 333 millones en 2021, pero el Tribunal de Cuentas critica el sistema
El fiscalizador denuncia el deterioro de los vehículos embargados y aconseja subastas electrónicas para elevar la recaudación
La Tesorería General de la Seguridad Social embargó en 2021 más de 3,5 millones de bienes muebles e inmuebles, derechos económicos, salarios, prestaciones y cuentas corrientes, lo que suma una cuantía de 333 millones de euros, según ha informado el Tribunal de Cuentas en un informe fiscalizador en el que advierte, no obstante, que el sistema de gestión de los embargos es «manifiestamente mejorable».
De la cifra de 333 millones, más de 264,5 millones correspondieron a embargos de cuentas corrientes, 53,4 millones a embargos de devoluciones tributarias y 15,1 millones a enajenaciones, mediante subastas públicas, de los bienes que tenía embargados.
El Tribunal de Cuentas apunta que uno de los motivos por los que realiza este informe es por el «volumen significativo» de embargos realizados en 2021, justo un año después del estallido de la pandemia. También dice que los procedimientos de embargo cuentan con «disparidad de criterio» y se amparan en un sistema «manifiestamente mejorable».
FUNCIONAMIENTO DEL EMBARGO
Brevemente, el organismo fiscalizador explica que cuando un sujeto (empresa o particular) no abona sus deudas con la Seguridad Social ni en periodo voluntario ni ejecutivo, las Unidades de Recaudación tienen la obligación de proceder contra el patrimonio del deudor y embargar los bienes y derechos que consideren necesarios. Eso sí, respetando aquellos considerados inembargables.
Para ello, dictan las providencias de apremio correspondientes, que tienen la misma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales, sobre los bienes del deudor y proceden a trabarlos y a depositarlos en instalaciones propias o arrendadas a terceros, aunque también pueden dejar los bienes a disposición del deudor. Si esto último sucede la «adecuada gestión y control de estos bienes embargados es indispensable».
Posteriormente, explica el Tribunal de Cuentas, deben proceder a su enajenación, que puede tener lugar mediante subasta pública, que es el procedimiento habitual, concurso o adjudicación directa.
En su informe, el Tribunal de Cuentas pone en el punto de mira las subastas públicas presenciales. En concreto, critica que el procedimiento de estas subastas que realizan las Direcciones Provinciales de la Tesorería es «totalmente obsoleto».
El organismo dice que la celebración de subastas públicas presenciales de bienes embargados no es eficiente, dado los costes directos e indirectos que conllevan, y «no es coherente» mantener este sistema presencial cuando el sistema de subastas electrónicas ya está implantado hace tiempo en otras Administraciones Públicas, a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado.
«La Tesorería General de la Seguridad Social debería impulsar las medidas oportunas para modificar la normativa que regula el embargo de bienes y derechos de la Seguridad Social», advierte el Tribunal de Cuentas, que también aconseja impartir instrucciones para homogeneizar la gestión de estos embargos por parte de sus Direcciones Provinciales.
EXIGE UNA BASE DE DATOS CENTRALIZADA
Otra de las críticas del Tribunal es que la Tesorería General de la Seguridad Social no dispone de una base de datos centralizada con el detalle de los bienes embargados en la que figure su estado de conservación, su valor y la ubicación de estos bienes.
En lo que se refiere a los vehículos embargados de depósitos de la Dirección Provincial de Madrid, el organismo señala que estos «no estaban bien gestionados» en 2021.
Para justificar esta crítica, el órgano fiscalizador apunta al aumento del 100% de la capacidad del depósito de Coslada (Madrid), que supuso un incremento de su precio en un 82,51%. Esto, dice el Tribunal, «no guardó relación con las necesidades reales de espacio para los bienes», ya que los vehículos depositados sólo aumentaron en un 14,01%.
Por otro lado, más del 73,7% de vehículos embargados y custodiados en Coslada y el 95% del depósito de San Martín de la Vega, también Madrid, tenían una antigüedad superior a los diez años, lo que «hace difícil su enajenación y la recuperación efectiva de la deuda».
Además, la institución critica que el tiempo de permanencia de los vehículos en el depósito de Coslada «no fue razonable», una «ausencia» de controles adecuadas de los bienes en este depósito y que la Dirección Provincial de la Tesorería de Madrid no repercutió los gastos derivados del arrendamiento de los depósitos de bienes embargados a los deudores.
VISITAS «POCO EFICIENTES» DE LOS RECAUDADORES
El Tribunal apunta que los precios facturados en virtud del contrato formalizado por la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social de Barcelona para la extracción de vehículos de la vía pública fue casi ocho veces superior al formalizado en Valencia y casi triplicó al de la Dirección Provincial de Madrid.
Por su parte, critica también que el resultado de las visitas de los recaudadores de la Seguridad Social a las instalaciones de los deudores fue «poco eficiente» y de «excesivos expendientes declarados como incobrables».
En definitiva, el Tribunal de Cuentas recomienda implantar una base de datos centralizada para todos los bienes embargados; retirar de los depósitos los vehículos más antiguas y subastar aquellos que estén más de dos años en el depósito; implantar subastas públicas electrónicas e impulsar las reformas normativas oportunas con la finalidad de permitir las segundas subastas a precios distintos de la primera.
