La portavoz del Gobierno dice que la reforma del Código Penal no aborda la reforma de la malversación

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha señalado este lunes que la reforma del Código Penal que ha presentado el Gobierno «va en la dirección de modificar el delito de sedición» y no aborda la reforma de la malversación.

«El Gobierno ha presentado una reforma del Código Penal que va en la dirección de modificar el delito de sedición y nada dice acerca de este otro tipo delictivo», ha apuntado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al ser preguntada acerca de si el delito de malversación también se ha quedado antiguo en el Código Penal, después de que hoy el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya defendido que el siguiente paso en la negociación con el Gobierno es reformar el delito de malversación.

La ministra portavoz ha apuntado que el texto es una proposición de ley presentada por los dos grupos políticos que conforman el Gobierno de coalición y que en ella no han «abordado esta otra cuestión» relacionada con la malversación. «Siempre dijimos que el Gobierno era partidario armonizar las penas por sedición y homologarlo con los países de nuestro entorno», ha añadido.

En esta clave, Rodríguez ha hecho hincapié en que se trata de homologar el delito a Europa porque «lo que en Francia es rebelión aquí es sedición y lo que aquí es rebelión en Francia es sedición».

HOMOLOGAR LAS PENAS «FACILITA» LA EXTRADICIÓN DE PUIGDEMONT

Preguntada acerca de si alguna vez la justicia belga ha dicho que no entrega al expresidente catalán Carles Puigdemont porque allí no tienen sedición, la ministra ha asegurado que es un «hecho objetivo» que ha existido «una complicación para no aplicar la Euroorden».

«Por eso no está aquí», ha apuntado la titular de Política Territorial, a la par que ha destacado que es «importante decir que quienes cometieron esos hechos» en 2017 «han de ser juzgados y eso sigue inamovible».

La homologación de las penas «facilita la extradición», según la ministra, que ha hecho hincapiés en que el Ejecutivo «no se mueve de su posición» y «este señor tiene que ser juzgado y, por tanto, tiene que comparecer ante la justicia española».

La ministra ha presumido de que, según un estudio del CIS, el segundo problema para los españoles era la situación en Cataluña después de los hechos de 2017 y que hoy ese problema está en el puesto número 41.

«Lo que sucedió en el año 2017 fue de extrema gravedad. Se produjeron dos referéndum ilegales, se produjo una declaración unilateral de independencia y hubo que activar el artículo 155 de la Constitución Española», ha recordado, al tiempo que ha subrayado que esto ocurrió durante un Gobierno el PP «que dejó hacer».

«NOS PROTEGE EL DELITO DE REBELIÓN»

Con todo, la ministra ha enfatizado que el delito de rebelión protege a los españoles frente a aquel que quiera «quebrantar el orden constitucional» con penas de entre quince y treinta años de prisión.

«Por tanto, España cuenta con todas las garantías para el mantenimiento del orden constitucional y hay que dar un mensaje de tranquilidad a los españoles», ha añadido la ministra.

Además, sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la ministra portavoz considera que se debería haber aplicado «mucho antes». «En el mismo momento en que se articula en un Parlamento una declaración unilateral de independencia porque ese artículo está para ponerlo en marcha», ha zanjado.