La Federación Cántabra del Taxi pide la anulación de los pliegos del concurso de transporte escolar
La Federación Cántabra del Taxi ha solicitado la anulación de los pliegos del concurso de transporte escolar para los cursos 2023/2024 y 2024/2025 redactados por el anterior Gobierno regional (PRC-PSOE) por su «restricción a la competencia» y ante «la ambigua» redacción del criterio de «garantía de continuidad del servicio».
Así lo pide en un recurso planteado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) en el que considera que dicho requisito «no deja claro» si los vehículos de sustitución pueden optar por sí a rutas o deben estar obligatoriamente adscritos a la ruta para la que concursan, ni si pueden coincidir en horario o no.
En sus alegaciones, la asociación explica que muchos de sus asociados han prestado «con total normalidad» los servicios de transporte escolar en diferentes municipios de Cantabria, que se les han adjudicado «sin mayor problema».
Añade que el TACRC tiene que anular «una y otra vez, año tras años, las argucias de la Consejería de Educación (en manos del PRC en la anterior legislatura) para intentar evitar que el sector del taxi pueda presentarse al servicio de transporte escolar, favoreciendo siempre al sector del autobús».
Así, recuerda que este tribunal ya anuló el pliego del concurso del año 2021/2022 «por modificaciones a los tiempos y métodos de respuesta ante incidencias en la ejecución del servicio», y volvió a anularlas en 2022/2023.
Esta vez, según la Federación, lo que «se ha inventado» la Consejería es un criterio en la garantía de continuidad del servicio que «da muchísimos puntos en el baremo» si existe otro vehículo de sustitución cerca del lugar de prestación del servicio, que tiene que ser apto para la prestación del servicio y disponer de autorización.
Es decir, en su opinión, se barema positivamente a «aquellos licitadores que tengan una línea regular de autobús cerca», una pretensión que «no tiene ningún sentido más que favorecer a un sector», sostiene, ya que «nadie más allá de una empresa que ya presta servicios en la zona puede tener el vehículo que se pretende».
Además, «tiene el absurdo» de exigir una «duplicidad de costes» que no se puede hacer en un contrato administrativo.
Asimismo, considera que la valoración del tiempo de respuesta en función de la distancia «carece completamente de sentido», y es un criterio «totalmente discriminatorio e impide la libre competencia de forma muy evidente».
Por último, señala que «ni se explica ni resulta comprensible la situación de los vehículos de sustitución», lo que atribuye a una «defectuosa redacción» del criterio «que es capaz de fijar los requisitos para el primer vehículo, pero no para el segundo».
Desde la Federación señalan en un comunicado que son «conscientes» de que el actual Gobierno regional (PP) se ha encontrado estos pliegos ya redactados por el anterior, en «la línea de ataque» al sector del taxi que, según dice, ha venido propugnando el PRC durante las últimas legislaturas.
Por último, manifiesta su intención de colaborar con la actual consejería en la elaboración de los futuros pliegos si se estima conveniente, ya que «somos los primeros interesados en que la licitación se haga de manera legal y transparente».