La defensa de Celma reprocha a la fiscal convertir el plenario de Bankia en una segunda fase de instrucción

Sostiene que el expediente del ICAC a Deloitte no prueba la falsedad contable y critica las discrepancias entre los peritos judiciales

SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID), 30

El abogado defensor del socio auditor de Deloitte Francisco Celma ha reprochado que la fiscal Carmen Launa haya convertido el plenario del juicio por la salida a Bolsa de Bankia en «una segunda fase de instrucción», introduciendo nuevos hechos en su escrito de calificación final y acusando finalmente a Celma, para el que pide dos años de cárcel por considerarlo «cooperador necesario» del delito de estafa a inversores.

El abogado ha cargado contra el «elevado número de errores» del informe final del Ministerio Fiscal, a quien acusa de romper la «lógica del procedimiento penal», que consistiría en comparecer en el juicio con una tesis acusatoria que trata de demostrar durante el procedimiento.

«Eso no ha ocurrido aquí, desde el primer momento fue evidente que la representante del Ministerio Fiscal estaba incómoda con el escrito de conclusiones provisionales que había heredado de su predecesor y se puso a buscar una nueva tesis. El Ministerio Fiscal ha convertido el plenario en una segunda fase de instrucción y en ella hemos acabado acusados», ha criticado el letrado.

El abogado también ha resaltado que la fiscal ha utilizado a Celma, según sus necesidades, como acusado, considerándolo miembro de «una banda criminal» durante 2010 y parte de 2011, y como testigo, siendo «el héroe» durante parte de 2011 y 2012 al negarse a elaborar el informe de auditoría de las cuentas de Bankia del ejercicio 2011.

Entre los errores que habría cometido la fiscal, el abogado ha apuntado a manifestaciones como que Celma «se asustó» en la segunda mitad de 2011 por el procedimiento penal de Banco de Valencia, cuando dicha querella se presentó en 2012 y prosperó en junio de 2013, que Celma fue auditor de Bancaja (incorrecto) o que uno de los problemas de salida a Bolsa fueron las cuentas de BFA de 31 de marzo de 2010, cuando BFA no existía todavía.

Respecto a las cuentas de BFA a 31 de diciembre de 2010, la Fiscalía reprocha al socio auditor de Deloitte haber cooperado en la supuesta falsedad contable de los estados financieros de ese ejercicio, para lo que se apoya en el informe de PwC y en los de los peritos judiciales, que «no tienen nada que ver».

LA ACUSACIÓN «SE CAE COMO UN CASTILLO DE NAIPES»

La tesis de la fiscal Carmen Launa es que las cajas encargaron a PwC un trabajo para identificar la pérdida económica, que cuando se fijó en 11.500 millones, solo fue provisionada en parte, dando lugar a «un déficit de provisiones que es el pecado original del caso Bankia».

Según el abogado de Celma, este discurso acusatorio «se cae como un castillo de naipes», ya que el informe se encargó para analizar la perdida futura esperada, no la incurrida, como ya explicaron sus autores durante la testifical.

En este sentido, la norma establece que, en una combinación de negocios, la entidad resultante puede estimar las pérdidas futuras y cargarlas contra reservas estableciendo provisiones. Los administradores también contaban con el cálculo de perdida esperada del Banco de España, que había sometido a las cajas a una inspección durante todo el año 2010.

El Banco de España calculó una pérdida esperada de 8.084 millones, PwC apuntó a una horquilla de entre 6.800 y 8.200 millones en función del escenario, y los administradores de la entidad dotaron 9.207 millones, lo que al auditor externo le pareció «razonable» teniendo en cuenta todo lo anterior.

«A ultimísima hora, la fiscal pone sobre la mesa un déficit de 6.000 millones que se enmarca en la necesidad de encontrar una cifra que supere los 3.000 millones que el grupo tenía como provisiones pendientes de contabilizar, y como conviene no quedarse cortos, pues 6.000 y muerto el perro se acabó la rabia», ha manifestado el letrado.

Asímismo, ha argumentado que esta cifra solo surge en el escrito de conclusiones definitivas de la Fiscalía y en la prueba pericial conjunta este tema no fue objeto de debate. «Es una prueba pericial extemporánea y realizada por una persona manifiestamente inedónea, porque la fiscal no es perito en esta causa. El cálculo es extremadamente burdo y de una manifiesta falta de conocimientos contables», ha apostillado.

El abogado ha asegurado que los informes de los peritos judiciales «van de anomalía en anomalía», con una metodología que solo analiza los resúmenes del trabajo del auditor para el 1% de la población de acreditados del grupo BFA-Bankia y habiendo sido «contradichos» por el Banco de España.

«Estos señores (Busquets y Sánchez Nogueras) están solos, no porque los peritos de parte hayan refutado de manera contundente y nítida lo que han dicho. Es que han sido contradichos por el Banco de España, esto es insólito. Personas que han comparecido en esta causa y que en el organigrama del Banco de España estaban por encima de Busquets y Sánchez Nogueras, como Comín, González, Herrera y Martínez Tello. Todos ellos no han validado en el plenario sus tesis», ha resaltado.

Además, el abogado ha destacado que las discrepancias entre los informes de los dos peritos judiciales superan los 6.000 millones de euros, con 13 puntos de no coincidencia. «Esto debilita la tesis acusatoria. ¿Cómo dicen que las cuentas no reflejaban la imagen fiel, si ellos no son siquiera capaces de decirnos cuál era la imagen fiel?», ha cuestionado el letrado.

EL EXPEDIENTE DEL ICAC NO PRUEBA LA FALSEDAD CONTABLE

Respecto a los indicios de la participación de Celma en los supuestos hechos delictivos, la fiscal utiliza, entre otros, el precio de la salida a Bolsa de Bankia. «Que Bankia saliese al mercado a 3,75 euros, desde el punto de vista contable, no generaba nada, simplemente es una cuestión a seguir y a revisar a 31 de diciembre de 2011. Se nos ha dicho que el precio era un indicio de falsedad contable en BFA y eso es un disparate», ha explicado el abogado de Celma, quien ha puesto de manifiesto el elevado descuento con el que cotizan los bancos españoles actualmente.

Por otra parte, se ha referido al expediente incoado por el ICAC a Deloitte por los trabajos de auditoría realizados en los estados financieros intermedios de Bankia a 31 de marzo y 30 de junio de 2011, que plantea que se podría haber cuestionado su independencia y que se habrían incumplido determinadas normas técnicas y del que la fiscal deduce que dichos estados financieros no reflejaban la imagen fiel y el auditor debió poner salvedades y no lo hizo.

La resolución administrativa, que fue recurrida y está paralizada a la espera de que finalice el presente procedimiento, ha sido cuestionada por un órgano consultivo dentro del ICAC, que llegó a cuestionar que se había vulnerado el derecho de defensa.

El abogado ha señalado que, en cualquier caso, el expediente «no tiene relevancia alguna» para el tribunal del caso Bankia. Ha recordado que el supuesto problema de independencia no cabría debido a que fue la CNMV la que pidió dicho informe de cara a revisar la salida a Bolsa de la entidad y que Deloitte no está de acuerdo con el supuesto incumplimiento de normas técnicas, que en ningún caso indica que las cuentas no reflejasen la imagen fiel o que la firma debiese poner salvedades. «Es un salto argumentativo que no puedes dar de ninguna manera sin caerte y hacerte daño», ha afirmado.