La Cámara de Diputados aprueba la reforma del poder judicial que alarga el mandato del presidente del Supremo
La Cámara de Diputados de México ha aprobado la reforma del poder judicial que permitirá ampliar el mandato del presidente del Tribunal Supremo, Arturo Zaldívar, otros dos años.
El pleno ha ratificado así el proyecto, que había pasado previamente por el Senado, con 260 votos a favor, 167 en contra y dos abstenciones, según informaciones del diario Milenio .
Así, tras cinco horas de debate, se ha decidido que el mandato de Zaldívar se podrá alargar hasta 2024 a pesar de las advertencias de algunos diputados, que aseguran que ampliar dicho mandato podría ser inconstitucional.
Los diputados opositores habían presentado previamente 553 quejas sobre el proyecto de ley. Para muchos de ellos la medida atenta contra la división de poderes y sería, en palabras del diputado Juan Carlos Romero, el «principio de la autocracia».
«Hoy hago un llamado comedido al criterio prudencial del ministro Zaldívar, porque es momento de definirse: o está con México y con la Constitución o está con el presidente; se tiene que desligar, por dignidad personal, dignidad ética, dignidad legal y dignidad institucional», ha dicho.
Por Morena, el partido gubernamental, el diputado Alfredo Aispuro ha subrayado que la nueva ley propone mecanismos enfocados a combatir el nepotismo en los procesos de designación de jueces y magistrados.
«El nuevo marco normativo evitará y erradicará la corrupción dentro del Poder Judicial, instaura evaluaciones exhaustivas para el ingreso, permanencia y separación de la carrera judicial, asegurando la eficacia, eficiencia y calidad de la administración de justicia», ha afirmado.
El texto legislativo prevé incorporar mecanismos y procedimientos transparentes en los procesos de designación del personal adscrito al poder judicial, además de consolidar la unidad general de investigación de responsabilidades administrativas de ese sector.
Además, considera la creación de órganos especializados en procedimientos jurisdiccionales del ámbito penal, consolidar los plenos regionales, separar los aspectos referentes a la carrera judicial y dar paso a la expedición de una ley especializada en la materia.
