Irene Montero afirma que el Congreso decidió sobre Rodríguez en base a legalidad y denuncia «persecución» contra Podemos
Recuerda el caso de Vicky Rosell quien renunció a repetir en el Congreso tras un caso que luego fue un «montaje»
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha subrayado que la Mesa del Congreso ha tomado la decisión de mantener el escaño del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, en base al informe de los letrados de la cámara y, en consecuencia, ha llamado a «cumplir la legalidad vigente».
También ha subrayado que van a estar siempre del lado del parlamentario, pues es un defensor de derechos fundamentales, aunque exista una «persecución» contra personas que son miembros de Podemos, algo que a su juicio la ciudadanía tiene «cada vez más claro».
Así se ha pronunciado ante los medios de comunicación momentos antes de comparecer en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja y cuestionada sobre el escrito remitido por el Supremo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, para que remita al Alto Tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.
CASO DE VICKY ROSELL
La ministra ha recordado para ilustrar su tesis de la persecución a miembros de Podemos en el caso de la actual delegada del Gobierno, Vicky Rosell, quien tuvo que renunciar a formar parte de la candidatura a las elecciones generales de la formación morada en 2016.
Y lo hizo, ha relatado la ministra, al verse salpicada por una causa que luego se demostró que había sido un «montaje», perpetrado por «un exministro del PP (en referencia a José Manuel Soria), un juez (Salvador Alba) y un empresario» que se «confabularon para fabricar pruebas falsas contra ella».
«VAMOS A ESTAR A SU LADO»
Por tanto, Montero ha asegurado que van a respaldar en todo momento a personas que defienden los derechos humanos y lo importante es que estén «garantizados» perrogativas fundamentales de la Constitución, como el derecho a la reunión y manifestación, «base de la construcción de la democracia».
«Somos conscientes de que la sentencia contra Alberto Rodríguez supone precisamente un peligro para esas bases de la democracia. Creemos que hay que garantizar los derechos reunión y manifestación, que son fundamentales y constitucionales, y que tengan claro los defensores de los derechos que vamos a estar a su lado, que lo que hacen es por el bien de la democracia», ha zanjado.
