Historiadores desmienten al Gobierno y niegan que haya un consenso para extender las inercias franquistas hasta 1982

Vinculan el uso de la fecha en la enmienda a la Ley de Memoria Democrática a que fue el año en el que el PSOE ganó las elecciones

Varios historiadores consultados por Europa Press han rechazado que exista un «consenso historiográfico» respecto a que las inercias de la dictadura franquista se prolongaron hasta 1982, tal como defendió esta semana el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños y han señalado que el uso de esta fecha se debe a que coincide con el año en el que el PSOE ganó por primera vez las elecciones generales.

Este jueves Bolaños defendió la enmienda a la Ley de Memoria Democrática con la que el PSOE y Unidas Podemos establecen de plazo hasta 1982 para estudiar «supuestos de vulneración de derechos humanos a personas en su lucha por la consolidación de la democracia», aunque dejó claro que el periodo de aplicación de la futura ley «termina con la entrada en vigor de la Constitución del 78».

Sin embargo, explicó que consideraron necesario introducir una disposición adicional para crear un comité de expertos que estudie posibles vulneraciones de derechos fundamentales entre el 78 y el 82, atendiendo al «consenso» de los historiadores, que señalan que tras la aprobación de la Carta Magna, «hubo un tiempo con inercias de la dictadura».

LA OPINIÓN DE UN POLÍTICO

El historiador y editor Gonzalo Pontón, ha señalado que «en absoluto» puede haber un consenso al respecto, en primer lugar porque la historia científica requiere de documentación y la más pertinente para poder aclarar las cosas todavía no está disponible.

Así, ha indicado que por ejemplo, del golpe de Estado del 23-F falta mucha información por conocer y para hacer una historia «cabal» de la Transición hay que definirla y en la actualidad existen discrepancias de calado. Algunos autores lo consideran un periodo muy breve y otros, como Pontón, para quienes es mucho más largo. Por tanto, Pontón discrepa totalmente sobre que exista un consenso.

Por otro lado, piensa que si la enmienda fija el plazo hasta 1982 es porque en ese año el PSOE llega al poder tras ganar las elecciones generales. «Es la opinión de un político, si se lo preguntara a García Egea –en referencia al secretario general del PP– diría que no se terminó la Transición hasta que Aznar llegó al Gobierno», ha opinado.

EN CONTRA DEL ESPÍRITU DE LA TRANSICIÓN

En la misma línea se ha pronunciado Fernando García de Cortázar, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto y Premio Nacional de Historia en el año 2008. También piensa que el periodo recogido en la enmienda –1978 – 1982– obedece a la victoria en las urnas de Felipe González. «Como si a partir del triunfo del PSOE se terminasen las inercias de la dictadura», ha apuntado.

Asimismo ha calificado de «irresponsables» las palabras de Bolaños porque van en contra precisamente del espíritu de la Transición. A su juicio, el Gobierno está «agitando» su idea de historia, con esta y otras decisiones, para enfrentar a los españoles. «Todo lo contrario» que en la época de la Transición, cuando se hizo un esfuerzo de unión para que el pasado «no enfrentase más».

Asimismo, ha considerado «injusto» y «peligroso» para los historiadores y para la sociedad que un ministro «se convierta en historiador» y hable de consenso en este asunto. Además ha alertado del revisionismo histórico que se está intentando practicar, «también desde la ultraderecha» y que tiene un carácter «guerracivilista».

LAS INERCIAS DE LA DICTADURA VAN MÁS ALLÁ DE 1982

Discrepa también Xosé Núñez Seixas, catedrático en Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela, quien ha rechazado que las inercias de la dictadura terminasen en 1982. Aunque lo considera un término vago, piensa que van más allá porque hay una «continuidad esencial» entre la «dictadura moribunda y la naciente democracia», ha indicado.

Seixas ha señalado que no se produjo un proceso de justicia transicional y en instituciones como la Policía o el Poder Judicial, no hubo renovación. «Cambia el ejecutivo y el legislativo así que pasaron a tener otros jefes», ha afirmado.

«Supongo que el ministro habla de oídas», sobre el consenso entre historiadores, ha apuntado Seixas, que piensa que «no existe». Sí reconoce que hay autores que afirman que la Transición no acaba hasta el 82, después de que se deja atrás «el fantasma de un golpe autoritario» pero la opinión no es unánime.

LAS FUERZAS ARMADAS Y EL PODER JUDICIAL

En la línea de los anteriores, cree que Bolaños «barre un poco hacia casa» pero destaca que hay muchos autores, historiadores y también politólogos que sostienen que hay que atender al cambio de norma fundamental, es decir al año 1978, para establecer el fin definitivo de la dictadura.

A su juicio, hay otros que, sin embargo, sostienen que después del 78 había cuestiones pendientes como la simbología y que hay dinámicas del franquismo que se extendieron «bastante más allá del 82» como en «las Fuerzas Armadas» o en «los sesgos» y las interpretaciones de las leyes por parte de la judicatura.