Gobierno modifica las bases para conceder ayudas a la integración asociativa en el sector agroalimentario

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que establece las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico, y de las ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios que tengan como objetivo estas integraciones en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) 2014-2020.

En concreto, ambas líneas de ayudas fomentan el redimensionamiento del asociacionismo agroalimentario suprautonómico con el objetivo de conseguir entidades asociativas más eficientes y competitivas, basadas en la economía social, con una clara vocación de mercado y gran capacidad exportadora, y que contribuyan a la sostenibilidad de nuestro sistema agroalimentario y al mantenimiento de nuestras zonas rurales.

La normativa aprobada modifica sendos reales decretos (1009/2015 y 1010/2015, de 6 de noviembre) que establecían las bases reguladoras de estas dos líneas de ayudas.

De esta forma, la línea de ayudas nacionales destinada al fomento de la integración asociativa, reguladas por el Real Decreto 1009/2015, de 6 de noviembre, de mínimis concedidas en régimen de concurrencia competitiva, sirve como complemento y apoyo a entidades en su esfuerzo de alcanzar una dimensión más relevante, mediante fusiones o integraciones de carácter supraautonómico. Puede considerarse un paso previo para poder obtener el reconocimiento como Entidad Asociativa Prioritaria (EAP).

Entre las modificaciones introducidas destaca la inclusión de los acuerdos intercooperativos y los estudios previos a la realización de un proceso de integración, como nuevas actividades de integración asociativa que son objeto de apoyo bajo esta línea de ayudas. Asimismo se incluye una revisión de los criterios de valoración para lograr una mejor orientación de estos al cumplimiento de los objetivos de la política de fomento de la integración asociativa.

Agricultura ha precisado que los cambios introducidos buscan dar un mayor impulso y atractivo a esta línea de ayudas, ampliando los potenciales beneficiarios, así como mejorar la eficacia de las ayudas.

Por su parte, la línea de ayudas de apoyo a inversiones materiales e inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios se corresponde con la submedida 4.2 contemplada en Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, y cuyos beneficiarios son las Entidades Asociativas Prioritarias (EAP) y sus sociedades mercantiles. Todo ello de acuerdo a los objetivos de la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas agroalimentarias.

Entre las modificaciones figura que se refuerza el sistema para comprobar el cumplimiento de la moderación de costes, se incrementan las garantías de imparcialidad en relación con la separación de funciones del personal encargado de la evaluación de los expedientes, así como las relativas a la no vinculación entre el solicitante y los proveedores seleccionados.

Asimismo, se desarrolla el procedimiento aplicable a las modificaciones de los proyectos de inversión ya aprobados, incluyendo de manera expresa la obligación de garantizar en éstas el cumplimiento de los requisitos de moderación de costes e introduciendo una penalización sobre la ayuda concedida a los proyectos a partir de la segunda modificación realizada. De igual manera, se introducen precisiones en la redacción de varios apartados del Anexo I, relativo a los gastos que no son subvencionables de los proyectos.

Los nuevos elementos incluidos propiciarán en esta línea de ayuda un incremento de la seguridad jurídica y una mejora en su accesibilidad y aplicabilidad, tanto para el administrado como para la propia administración.

En el conjunto de las cinco convocatorias realizadas de esta línea -entre los años 2016 y 2020, ambos incluidos- se han concedido ayudas a 12 EAP para un total de 158 proyectos, que suponen un gasto público total de más de 138 millones de euros. La convocatoria de 2021, que tendrá una dotación presupuestaria de 40 millones de euros, se encuentra en fase de resolución provisional.