ERC exige, ante el espionaje a independentistas, que el Congreso constituya ya la comisión que controla al CNI

Su creación está pendiente desde el inicio de la legislatura y la Cámara lleva tres años sin revisar el uso de los fondos reservados

Esquerra Republicana considera necesario, tras salir a luz el presunto espionaje a políticos independentistas con el programa Pegasus, que el Congreso constituya de una vez la comisión parlamentaria con acceso a los secretos oficiales y que tiene la tarea de controlar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuya creación está pendiente desde el inicio de esta legislatura.

Esta será, según han adelantado a Europa Press fuentes de ERC, una de las peticiones que hará esta formación en el marco de la batería de iniciativas que va a registrar en el Congreso para pedir cuentas sobre el espionaje a más de 60 políticos independentistas a través de la empresa israelí NSO Group destapado por The New Yorker y The Citizen Lab .

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha rehusado responder este martes a la pregunta expresa de si CNI espió a miembros de partidos independentistas entre 2017 y 2020 alegando que se trata de un asunto de «seguridad nacional».

Eso sí, ha revelado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha solicitado comparecer ante en el Congreso y que allí podrá dar explicaciones a los grupos parlamentarios si estos lo requieren, pese a que la comparecencia versa sobre la Brújula Estratégica de la Unión Europea aprobada recientemente, según han informado a Europa Press fuentes de su departamento.

AFECTA A LA SEGURIDAD NACIONAL

En cualquier caso, la portavoz del Gobierno ha recordado que hay cuestiones que afectan a la seguridad nacional y por tanto no pueden abordadas de forma pública. Estos asuntos clasificados son los que se analizan en la llamada Comisión de Gastos Reservados.

Pero para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna. Los elegidos, uno por cada grupo del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la citada comisión, que dirige la presidenta de la Cámara, actualmente Meritxell Batet.

Llegar a esos 210 votos resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios, y el clima político no parece propicio. Así, para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu e incluso la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la comisión es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que juntos ya suman 150 y, si todos ellos se niegan, nadie puede lograr ese mínimo de 210.

VETO A BILDU Y ERC

Vox ya adelantó al inicio de la legislatura que no pensaba aportar ni un voto a los independentistas y que haría todo lo posible para que no tengan acceso a información reservada. Y el PP tampoco piensa apoyar que Bildu pueda conocer secretos de Estado, dados su antiguos vínculos con Batasuna.

En una reciente entrevista a Europa Press, el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, se mostró dispuesto a poner en marcha esta comisión y dijo esperar que los vetos cruzados entre partidos no lo impidan.

Pero, visto del otro lado, tampoco el PP, Vox y Ciudadanos llegan a los 210 votos que se necesitan para formar parte de la comisión, por lo que necesitan la ayuda del PSOE y de Unidas Podemos, que son poco partidarios de facilitar las cosas a los de Santiago Abascal.

Sea culpa de unos o de otros, el caso es que el pasado 3 de marzo se cumplieron tres años de la última reunión de esta comisión parlamentaria, hace ya dos legislaturas. Desde entonces no ha vuelto a constituirse, ni en la legislatura corta de 2019 ni en los más de dos años que han transcurrido de la actual. Es la única comisión que falta por crearse en el Congreso.

La ley de 1995 establece en su artículo 7 que los créditos destinados a gastos reservados deben estar sujetos al control del Congreso, «a través de una comisión parlamentaria compuesta por el presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales».

EL GOBIERNO DEBÍA PRESENTAR INFORMES CADA SEIS MESES

Y ante esa comisión, que también tiene encargada la tarea de vigilar las actividades del CNI, los titulares de los Ministerios que tienen asignadas partidas de gastos reservados (Defensa, Interior y Exteriores) deben informar «semestralmente sobre la aplicación y uso de los correspondientes fondos presupuestarios», por supuesto en sesiones secretas. Es más, la ley añade que la comisión «podrá elaborar un informe para su remisión a los presidentes del Gobierno y del Tribunal de Cuentas».

Así las cosas, se han cumplido tres años sin que el Congreso haya ejercido control parlamentario alguno de las actividades del CNI, ni ha recibido ninguno de los informes semestrales sobre el uso de fondos reservados que debían exponer los ministros competentes.

Y todo ello mientras el Congreso aprueba solemnes llamamientos a la transparencia y la rendición de cuentas, y pide mejorar el control de los fondos reservados, como recientemente se recogió en las conclusiones de la investigación sobre la operación Kitchen .

Igualmente, se acumulan cuestiones que la oposición exige aclarar y que el Gobierno dice no poder hacerlo por ser materias secretas, como podría suceder ahora con el caso del espionaje. En esta lista de tareas pendientes están los viajes en Falcon del presidente del Gobierno, el supuesto uso de fondos públicos para operaciones policiales como la Kitchen, la vigilancia del imán de los atentados de Barcelona, o más recientemente la concesión de polémicas ayudas públicas como la recibida por Plus Ultra.