El Tratado de Medellín, una «autopista electrónica» para la cooperación jurídica internacional

El 9 de mayo entra en vigor el acuerdo preomovido por la COMJIB que facilita la transmisión electrónica de solicitudes

El Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales, más conocido como el Tratado de Medellín, entrará este 9 de mayo en vigor como una «autopista electrónica» para compartir documentos, una «ruta segura» que abarca inicialmente a países de Iberoamérica pero que está abierta a todo el mundo.

El acuerdo representa un nuevo hito en el seno de la Conferencia Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), una organización con medio siglo de historia y cuyo secretario general, Enrique Gil Botero, quiere reivindicar como punto de unión de 22 países. Durante estos últimos años, la ambición compartida ha pasado por mejorar en materia de colaboración jurídica.

La Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (Iberred) y su plataforma Iber@ derivaron en julio de 2019 en un tratado suscrito en Medellín y que permite la transmisión electrónica de documentos con rapidez y con plena validez a efectos administrativos. Más de una decena de países lo han firmado o están en proceso de hacerlo –España lo ratificó en junio de 2021–.

Gil Botero ha considerado «muy gratificante» esta rápida ratificación, evidencia del interés que hay por una herramienta que goza de «absoluta legitimidad» en términos burocráticos y, ante todo, es «segura». «Tiene el mismo grado de seguridad que el Banco de España», ha defendido, en una entrevista a Europa Press.

En este sentido, ha explicado que el Tratado de Medellín «pone en jaque las dificultades que se presentan en el tráfico de la información internacional», conectando a autoridades centrales para facilitar una lucha contra la delincuencia que, en contra de lo que venía ocurriendo con los documentos jurídicos, «no conoce de geografía».

El Tratado se contrapone «a la impunidad y facilidad de la que goza la delincuencia internacional» y sirve tanto en materia civil como penal, como ha recordado Gil Botero, que ha enfatizado la importancia de esta colaboración para agilizar trámites como la extradición.

Una de las particularidades del acuerdo estriba en que no sólo se circunscribe a los 22 Estados miembro de la COMJIB y a sus 500 millones de habitantes, sino que tiene «una proyección universal tan basta como Naciones Unidas». «Es un regalo que Iberoamérica le está haciendo al mundo», ha apuntado el secretario general, quien ha confirmado que ya ha habido interés por parte de terceros países.

EL TRABAJO DE LA COMJIB

Al margen de la cooperación jurídica, la COMJIB, de la mano de su secretario general, mantiene un amplio abanico de líneas de actuación que van desde la colaboración en la reforma de sistemas penitenciarios a la lucha por la igualdad de género, pasando por un fortalecimiento general de las políticas públicas relativas a Justicia.

Gil Botero aspira a que haya «una justicia más ágil» y una «democratización» de un sistema que, como ha explicado, pasa por eliminar «barreras que van más allá de lo jurídico». Quiere «que la justicia sea universal, sin distinciones», y llegue a todos aquellos que la necesitan.

El responsable de la COMJIB ha advertido además de que democracia y Justicia van íntimamente ligadas. «Si hay democracias débiles o fracturadas, la independencia judicial peligra», ha advertido, para acto seguido reivindicar que la Conferencia trabaja precisamente para que la Justicia «esté por encima de esquemas políticos».

Gil Botero ha evitado aludir a los desafíos de países concretos, pero sí ha recalcado que corresponde a cada país ir buscando fórmulas para superar cada una de las «dificultades» que se presentan. En este sentido, ha recordado el caso del proceso de paz de Colombia, en el que él colaboró como ministro de Justicia y que fue «único en el mundo».

Del proceso de paz con la guerrilla de las FARC surgió una Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que estaba llamada a resolver todas las lagunas legales y que se cimentaba, según Gil Botero, bajo varios pilares igual de importantes, no sólo el castigo. «La verdad es más importante a veces para las víctimas que cualquier otra cosa», ha aseverado.

El exministro ha descartado que la JEP implique impunidad y, en cambio, ha defendido que «es una forma más pragmática de justicia». Pese a que pudo no haber sido comprendida «inicialmente», ha insistido en que debe enmarcarse en un contexto «atípico».

Esta justicia transicional no ha estado exenta de contratiempos, como él mismo reconocido, pero sí detecta una «dinámica de construcción» que permite a este sistema sortear cualquier tipo de reto. La paz, ha añadido, «es una realidad política y una realidad social».

De hecho, Gil Botero ha abogado por que el modelo se extiende a otros hipotéticos acuerdos de paz, por ejemplo al que se pudiese firmar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN): «Se puede avanzar mucho más en la construcción de la paz para cerrarla como un todo».