El TJUE remueve los obstáculos para reclamar a Puig pero el Supremo aún tendrá que esperar para pedir a Puigdemont

El alto tribunal ve más cerca la entrega de los prófugos del 1-0 aunque asume que podría dilatarse

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha aclarado este martes el alcance de las euroórdenes removiendo los obstáculos para que el Tribunal Supremo (TS) reactive la euroorden contra el ex consejero catalán Lluis Puig, si bien el TS tendrá que esperar a que el Tribunal General de la UE (TGUE) se pronuncie sobre la inmunidad europarlamentaria que mantienen cautelarmente el ex presidente Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí para pedir nuevamente su entrega.

El TJUE ha respondido a las cuestiones prejudiciales planteadas por el instructor del procés , Pablo Llarena, tras la decisión de los tribunales belgas de rechazar la detención y entrega de Puig, aclarando que no pueden denegarla basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales, si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en España, ni pueden poner en duda la competencia del Supremo como autoridad para emitir dicha euroorden.

De esta forma, según explican las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Llarena podría reactivar la orden europea de detención y entrega (OEDE) contra Puig, pero para ello tendrá que esperar a dos cosas.

En primer lugar, a recibir formalmente la sentencia del TJUE para ajustarse a los parámetros fijados en relación a las euroórdenes. Y, en segundo, a que su decisión de procesar a Puig por delitos de desobediencia y malversación sea firme.

Respecto a esto último, cabe recordar que el pasado 12 de enero Llarena adaptó el procesamiento de los prófugos del 1-O a la reforma penal que ha derogado la sedición y modificado la malversación, para reemplazar el primer delito por el de desobediencia y mantener la antigua malversación reconduciéndola al actual tipo agravado con «ánimo de lucro».

Esa resolución judicial ha sido recurrida en reforma por defensas –que acusan a Llarena de «ignorar» la reforma penal– y acusaciones, entre ellas la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que han instado al magistrado del TS a sumar a la desobediencia y la malversación agravada los desórdenes públicos agravados. El instructor aún no ha respondido a esta ristra de impugnaciones, que podrían acabar también en apelación, postergando con ello la firmeza del auto.

EL TGUE Y LA INMUNIDAD EUROPARLAMENTARIA

En relación a los demás afectados por las OEDEs –Puigdemont, Comín y Ponsatí–, las mismas fuentes indican que el Supremo no podrá emitir nuevas euroórdenes mientras conserven cautelarmente su inmunidad como eurodiputados.

El propio Llarena ya plasmó en el citado auto que la decisión de dictar nuevas OEDE debe posponerse «hasta que el TGUE resuelva sobre la eventual retirada de la inmunidad parlamentaria».

Puigdemont, Comín y Ponsatí recuperaron provisionalmente su inmunidad como eurodiputados el pasado 24 de mayo, cuando el TJUE anuló un pronunciamiento anterior que descartó darles esta medida cautelar al considerar que la retirada de esta protección parlamentaria no afectaba a sus desplazamientos como miembros de la Eurocámara ni quedaba acreditado que pudieran ser detenidos de forma inminente.

La decisión de fondo será la que tome el TGUE tras la vista oral celebrada el pasado 25 de noviembre, en una sentencia que se espera para este primer trimestre de 2023. Fuentes del entorno del ex presidente catalán sostienen que, si el tribunal europeo da la razón a Puigdemont y blinda su inmunidad, podría volver a España de forma inmediata sin ser detenido.

En cambio, fuentes del alto tribunal aseguran que, independientemente del fallo del TGUE, si el ex president pisara suelo español podría ser arrestado por virtud de la orden nacional de busca y captura que sigue vigente, ahora por presuntos delitos de desobediencia y malversación. A ello añaden que, en el escenario de que el TGUE tumbara el suplicatorio, siempre sería posible emitir uno nuevo que se ajustara a los requisitos establecidos por la corte comunitaria.

UN ÚLTIMO RESQUICIO

Con todo, tras la sentencia del TJUE –y a falta de que el TGUE despeje la última incógnita–, desde el Supremo ven más cerca la posibilidad de que Bélgica entregue a los líderes independentistas huidos.

No obstante, al mismo tiempo las fuentes advierten de que la corte de Luxemburgo no ha removido todos los obstáculos. De hecho, Puig ya ha celebrado que el TJUE pone «muchos más condicionantes» a Llarena, a la hora de dictar una nueva euroorden. «Hoy la sentencia del TJUE deja las extradiciones en vía muerta. Pone condiciones (…) que en la práctica las hacen inviables», ha dicho Puigdemont en declaraciones a la prensa en Bruselas.

Las fuentes señalan como uno de los puntos débiles del fallo del TJUE la salvedad que introduce al permitir rechazar la OEDE cuando haya «elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados que revelen la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor o de deficiencias que afecten a la tutela judicial de un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca el interesado».

En esta tesitura, en el alto tribunal asumen que las defensas podrían desplegar una estrategia dilatoria que podría tener éxito en sede belga, si bien al mismo tiempo las fuentes subrayan que, si las autoridades judiciales del país vecino vuelven a rechazar las OEDE por motivos banales, se arriesgan a una nueva tanda de cuestiones prejudiciales.