El PSOE fuerza un debate en el Congreso para que la AIReF fiscalice los beneficios fiscales públicos
El PSOE quiere que el Gobierno incluya el presupuesto de beneficios fiscales de las administraciones públicas dentro de la evaluación encargada a la AIReF sobre el gasto público, conocido como spending review , según figura en la proposición no de ley que la Comisión de Hacienda del Congreso debatirá el próximo miércoles.
En la iniciativa, registrada por la diputada Patricia Blanquer, se destaca que el sistema tributario español se caracteriza por tipos nominales que, en comparación con otros países europeos, «suelen ser altos», pero que sus tipos medios efectivos no lo son «debido a la cantidad de incentivos fiscales y a las excepciones a las normas generales».
EL TRIBUNAL DE CUENTAS YA DETECTÓ DEFICIENCIAS
En este sentido, recuerda las recientes conclusiones del Tribunal de Cuentas, que el pasado 17 de enero publicó un informe de fiscalización sobre los beneficios fiscales aplicados para el ejercicio 2015, año en el que la Memoria de Beneficios Fiscales alcanzaba, advierte, la mayor cifra de los últimos cinco años: 40.719,12 millones.
Blanquer señala que, si bien el número de incentivos fiscales ascendía a 631, de los que 353 eran considerados beneficios fiscales, únicamente se cuantificaron 219 en el Presupuesto de Beneficios Fiscales. El propio Tribunal concluía que, de esta forma, estos presupuestos «no cumplen su finalidad de reflejar la disminución de la capacidad recaudatoria que se produce como consecuencia de la existencia de tales beneficios».
Asimismo, la portavoz fiscal subraya que, en estas conclusiones se advertía de la ausencia de documentos sobre el grado de cumplimiento de las estimaciones para el seguimiento de su ejecución, lo que imposibilitaba conocer las desviaciones existentes cada año y dificultaba la evaluación de la calidad de dichas estimaciones.
«DESVIACIONES RELEVANTES» Y FALTA DE ESTUDIOS PREVIOS
En el propio informe, recuerda Blanquer, que en todo momento cita al propio órgano fiscalizador presidido por Ramón Álvarez de Miranda, se produjeron «desviaciones relevantes entre las estimaciones y las cuantías reales de los beneficios».
Otra de las críticas que recuerda la diputada socialista en su iniciativa es la ausencia de estudios previos a la creación del beneficio sobre los objetivos que se esperan lograr, ni de indicadores para evaluar el grado de cumplimiento, ni de un período para la consecución de objetivos.
«El informe concluye que la ausencia de sistemas de evaluación de estos aspectos impide los análisis de eficiencia de las actuaciones realizadas a través de los beneficios fiscales», concluye la portavoz fiscal del PSOE en el Congreso, que hace hincapié en las implicaciones que tienen estas desgravaciones sobre la recaudación y el sostenimiento del Estado del Bienestar.
LAS CONDICIONES DEL SPENDING REVIEW
Este programa de revisión de gastos y subvenciones forma parte de los compromisos recogidos en el Programa de Estabilidad pactado con Bruselas para el período 2017-2020 y uno de los acuerdos que propició el apoyo de Ciudadanos a la investidura de Mariano Rajoy.
El plan, cuya primera fase de actuación fue aprobada por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros de este mismo viernes, contempla siete áreas de actuación, entre las que se encuentran los medicamentos dispensados con recetas médicas, las políticas activas de empleo, las becas universitarias, las subvenciones a Correos y Telégrafos y las políticas de I+D+i desarrolladas por la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología.
