El proceso soberanista triplica las denuncias ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos

Los causantes del aumento son el 1-O, el caso Santi Vidal y un mail pidiendo el voto por Cs

BARCELONA, 21

La Autoridad Catalana de Protección de Datos (Acpd) recibió en 2017 el triple de denuncias que en años anteriores y la causante fue la controversia generada por el uso de datos personales en los meses más conflictivos del proceso soberanista.

Según la memoria anual de la entidad a la que ha tenido acceso Europa Press, en 2017 se presentaron 853 denuncias, una cifra que contrasta con las 245 que se registraron en 2016 y las 198 de 2015.

Fuentes de la entidad han detallado que el incremento se debe a tres factores: el referéndum del 1 de octubre; la polémica desatada por las declaraciones del exsenador de ERC Santi Vidal, y un mail de una entidad privada pidiendo el voto por Cs a pocos días de las elecciones catalanas.

El referéndum del 1 de octubre generó un centenar de denuncias de ciudadanos alertando de un posible «uso ilícito» de sus datos para confeccionar el censo; criticando las cartas enviadas por el Govern citándoles como miembros de mesas electorales y también lamentando la exposición de sus datos en Internet porque la Generalitat publicó los colegios electorales en la red.

El último año en el que la Acpd registró un notable incremento de las denuncias fue en 2014 y se debió a la consulta independentista: «Aquellas denuncias se archivaron porque se consideró que la Generalitat estaba habilitada para hacer lo que hizo y obtuvo los datos legalmente», señalan las mismas fuentes.

OBTENCIÓN ILEGAL DE DATOS

El exsenador Santi Vidal desencadenó la segunda causa que hizo incrementar las denuncias, al afirmar en un acto organizado por la ANC que el Govern había obtenido ilegalmente datos fiscales de los catalanes.

Aquellas declaraciones provocaron que 36 personas acudieran a la Acpd para saber si se habían vulnerado sus derechos, pero la agencia ya había empezado a actuar antes de recibir ninguna denuncia, y lo hizo a instancias de la propia Generalitat.

El entonces secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, pidió a la Acpd que hiciera una auditoría para demostrar que no se había hecho nada ilegal y que Vidal no tenía razón: los técnicos estudiaron «a fondo» el uso de los datos y comprobaron que todo se estaba haciendo correctamente.

La auditoría permitió detectar tres irregularidades «menores» que ya se han corregido y que nada tienen que ver con el 1-O: se seguían almacenando declaraciones de la renta de 2013-2014 de personas que habían optado por presentarla ante la Agencia Tributaria Catalana, se había hecho un contrato con falta de información y no se estaba gestionando bien la renovación de las contraseñas.

EL 21-D DISPARA LAS DENUNCIAS

El tercer capítulo que disparó el año pasado las denuncias a la Acpd es un mail masivo que la entidad privada Democracia Ciudadana envió a multitud de catalanes pidiendo el voto por Cs en las elecciones del 21 de diciembre.

Este episodio generó un aluvión de denuncias hasta alcanzar las 460 –casi el doble de todas las registradas por cualquier tema en 2016–, pero la Acpd tuvo que derivarlas a la Agencia de Protección de Datos estatal porque este asunto no es de su competencia.

INVESTIGACIÓN CONGELADA

Todas las denuncias relacionadas con el referéndum y el caso Santi Vidal siguen a la espera de respuesta porque Protección de Datos ha congelado la investigación: es lo que obliga a hacer la ley siempre que hay una investigación judicial en marcha, como las que se están llevando a cabo sobre ambos asuntos.

En caso de que la investigación judicial acabe en condena, la Acpd no podrá actuar porque no se pueden castigar dos veces unos mismos hechos pero podrá investigar si ha habido otros responsables no condenados; si no hay condena, entonces sí podrá indagarlo todo y concluir si ha habido o no vulneración de datos personales.

Si se detectan irregularidades, el Govern no recibirá ninguna multa ni sanción porque a las administraciones públicas solo se les puede instar a tomar «medidas correctoras» y no se les puede exigir nada más –en cambio, a los entes privados sí se les puede multar–.

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