El PP denuncia «asfixia económica» a las juntas vecinales para «poner en riesgo su viabilidad»

El Partido Popular de Cantabria ha denunciado la «asfixia económica» a la que a su juicio se está sometiendo en la comunidad autónoma a numerosas juntas vecinales «para poner en riesgo su viabilidad», y ha criticado las «contradicciones» de socialistas y regionalistas sobre la existencia de las pedanías.

Así lo han señalado en rueda de prensa el vicesecretario de Política Local del PP, Julián Vélez, y el vicesecretario de Acción Social y Sectorial, Carlos Caramés, que han señalado que mientras públicamente el PSOE y PRC hacen una «defensa a ultranza» del mantenimiento de las juntas vecinales, en los ayuntamientos donde gobiernan, por separado o en coalición, «les niegan la financiación que garantice su funcionamiento».

Vélez ha recordado que en su etapa como presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), PSOE y PRC pasaron «en corto espacio de tiempo» de pedir a través de sus alcaldes la disolución de las juntas vecinales, a «coger la pancarta de la demagogia» en defensa de las mismas con motivo de la reforma de la Administración Local en 2013.

En la actualidad, ha dicho, los mismos ayuntamientos que protestaron ante la FMC, llegando muchos de ellos a abandonarla por la reducción del Fondo de Cooperación Municipal del Gobierno de Cantabria, «les niegan a sus juntas vecinales la financiación que les permita ejercer sus competencias».

El EJEMPLO DE PIÉLAGOS

Los dirigentes populares han puesto como «ejemplo palmario» de esta situación el caso de Piélagos, donde el PP preside diez de las doce pedanías del municipio y donde, han asegurado, el PSOE «está tratando de arrasarlas y enterrar su voz» mediante la aprobación de un nuevo reglamento de financiación de las juntas, que «modifica» la manera en la que deben recibir las aportaciones que cada año les hace el Ayuntamiento y que, además, supone «más burocracia».

Caramés, también portavoz del PP de Piélagos, ha señalado que los socialistas, que gobiernan en el Ayuntamiento en virtud de un «pacto tripartito y antinatura», pero en ninguna de las pedanías, «saben que la ley determina que si las juntas vecinales no se pueden financiar, deben disolverse».

Por eso considera que esta actuación de la alcaldesa, Verónica Samperio, «no es una torpeza, sino que tiene la clara intención de querer cargarse las juntas vecinales para campar a sus anchas».

Según ha expuesto, el «nuevo criterio» que quieren imponer los socialistas a las juntas vecinales de Piélagos es la concurrencia competitiva, como si se tratase de empresas que piden subvenciones públicas, cuando los alcaldes pedáneos prestan servicio a sus vecinos «de manera totalmente altruista y no disponen de ningún tipo de personal retribuido a su cargo» para poder tramitar toda la carga administrativa que implicará el nuevo procedimiento.

Algo que ha contrastado con el «festín de cargos de libre disposición y aumentos de sueldos» que ha llevado a cabo el tripartito en el Ayuntamiento, donde «cobran todos los del pacto para que gobierne el PSOE», ha afirmado.

Caramés ha recordado que, hasta la fecha, las juntas vecinales de Piélagos recibían cada año del Ayuntamiento una asignación directa a través de subvención nominativa en los presupuestos. La media era de 20.000 euros y a día 1 de enero el pedáneo «sabía lo que le correspondía y podía planificar con seguridad las necesidades y servicios» que atender en su pueblo.

«Sin embargo, ahora el equipo de gobierno municipal quiere que los pedáneos compitan entre sí por los recursos disponibles, presentando proyectos que luego ellos evalúan», ha agregado, apuntando que «no es ni serio ni realista» y que sólo los gastos de profesionales que ayuden en la confección de los proyectos o en su tramitación administrativa van a suponer «un coste inasumible».

El portavoz popular ha cuestionado la necesidad de más burocracia cuando ya existía un procedimiento a través de los presupuestos municipales «con sus debidas garantías legales y fórmulas de justificación del gasto», controladas por la Intervención municipal; y ha puesto en duda los «criterios de presunta objetividad» que anuncia el Ayuntamiento.

Además, ha criticado que la nueva normativa pretenda trasladar a las pedanías competencias que «no son suyas», como la organización de las fiestas, función para la que se paga a un concejal de festejos, aunque «como siempre» contando con la colaboración de las juntas vecinales. «En definitiva, lo que tenemos es más burocracia y menos democracia, más arbitrariedad y menos solidaridad», ha dicho.

Caramés ha señalado que la figura de las dotaciones nominativas en el presupuesto que se aplicaban a las juntas vecinales sí se siguen manteniendo para las asociaciones de interés general, de tipo social o que promocionan el deporte.

Y ha opinado que está claro por tanto que «lo que pretenden, no es una cuestión de eficiencia ni de ahorro, no importa la atención al ciudadano, sino que es una cuestión eminentemente política», razón por la cual las diez pedanías en las que gobierna el PP acordaron este fin de semana presentar alegaciones a la normativa que quiere imponer el PSOE y recurrir este sistema, «curiosamente con la ausencia de los vocales de otras fuerzas políticas que no han acudido a las reuniones con las más variadas excusas», ha concluido.