El Parlamento cántabro insta al Gobierno a reducir costes energéticos a las electrointensivas

El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad en el Pleno de este lunes dos iniciativas presentadas por el grupo popular y Ciudadanos para defender los intereses de la industria electrointensiva de la región e instar al Gobierno de España a tomar medidas para reducir sus costes de suministro eléctrico.

Todos los partidos han coincidido en que las diferencias en el coste de la energía en España con respecto a otros países como Francia o Alemania -45 por megavatio/hora frente a los 21 y 20, respectivamente- suponen una «grave desventaja competitiva» para las industrias del sector en el país, a las que la energía les supone el 50 por ciento del coste total de producción.

Además, varios portavoces han lamentado que en otros países existen compensaciones para el sector que en España no hay o se han «recortado drásticamente».

Así, todos los partidos han criticado el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos impulsado por el Gobierno de España salvo el PSOE, cuyo diputado Javier García Oliva ha defendido que el problema del precio de la electricidad «existía ya cuando gobernaba Mariano Rajoy (PP)» y, a diferencia de su Gobierno, el actual socialista ha cogido «el toro por los cuernos» y ha hecho «cosas fundamentales».

Así, ha remarcado que los precios a partir de 2020 se han ido reduciendo y que la estimación para finales de 2021 es que «se iguale o incluso baje con respecto a Alemania», además de que el mencionado Estatuto permitirá actuar sobre los precios y crear un escenario «predecible» para las empresas.

Además, ha añadido que las medidas se toman dentro de un contexto europeo que va en la línea de la transformación hacia un modelo más sostenible y ha pedido a la oposición apostar por la «negociación y colaboración» para avanzar, en lugar de optar por el «frentismo».

En la misma línea ha intervenido el regionalista Francisco Ortiz, que ha pedido «no tirarse los trastos a la cabeza» y «trabajar juntos», ya que el problema lo tienen las empresas cántabras -como Ferroatlántica, Sidenor Forgings & Castings, Bondalti o Grupo Celsa (GSW)- «esté quien esté» en el Gobierno.

El portavoz del PRC -que gobierna junto al PSOE en Cantabria- ha reconocido que las empresas de la región tienen «serias dificultades» para competir por el elevado precio de la electricidad y se ven en «riesgo de deslocalización» si no se reduce, trasladándose a otros lugares con precios menores, con la consecuente «amenaza de los puestos de trabajo».

Ante las críticas de los partidos de la oposición -PP, Cs y Vox-, que han apuntado que el Gobierno regional «no ha hecho nada», Ortiz ha defendido que la Consejería de Industria ha mantenido «reuniones permanentes» con las empresas afectadas y presentó alegaciones al Estatuto de Consumidores Electrointensivos junto a Galicia y Asturias.

Por su parte, diputado del PP Roberto Media ha defendido su moción pidiendo «unidad de acción» para defender a la industria electrointensiva de la comunidad frente a la política energética del Ejecutivo central, que cree que está marcada por «tintes ideológicos» y que planea un escenario que beneficia a vascos y catalanes en detrimento de cántabros, asturianos y gallegos.

La propuesta que ha salido adelante por unanimidad contiene un «catálogo de soluciones» para el sector y pide revisar el Estatuto para arbitrar medidas de mayor impacto que reduzcan los costes de suministro eléctrico.

Los tres partidos de la oposición han coincidido en que «estamos mucho peor que antes de la aprobación del Estatuto», que «no soluciona el problema de nuestras empresas», por lo que han pedido al Gobierno regional que «reaccione, se ponga las pilas y defienda de una vez por todas a la industria electrointensiva de Cantabria».

En este sentido, han opinado que «no es una cuestión de partidos políticos» sino de la «supervivencia» de empresas «esenciales» para Cantabria.

Así, el diputado popular ha mostrado «envidia» del secretario general de la Federación Socialista Asturiana y presidente del Principado, Adrián Barbón, al que ha comparado con el secretario general del PSOE de Cantabria y vicepresidente regional, Pablo Zuloaga. «El señor Barbón defiende a sus empresas, a sus trabajadores y a su tejido productivo. Usted defiende su escaño, su coche oficial y en ningún caso los intereses de los cántabros», le ha recriminado.

En la misma línea, el diputado de Cs Diego Marañón ha lamentado que, a diferencia del de Cantabria, los gobiernos de Galicia y Asturias han mostrado un «rechazo absoluto desde el principio».

Mientras la moción de los populares se centra en las ayudas y compensaciones para controlar el precio de la electricidad, la PNL de Cs pide al Gobierno, entre otros asuntos, modificar el Estatuto introduciendo las alegaciones presentadas por Cantabria, Galicia y Asturias que fueron «desatendidas».

Además, reclama diferenciar entre consumidor electrointensivo y consumidor altamente electrointensivo, ya que la oposición critica que hay «dos grandes bloques»: el de Galicia, Asturias y Cantabria y el de País Vasco y Cataluña, siendo a su juicio este último al que el Gobierno ha apostado por «favorecer», beneficiando así a «los que menos consumen».

AMAZON

Por otro lado, el consejero de Industria, Javier López Marcano, ha respondido en el Pleno a preguntas de Vox sobre las negociaciones que mantuvo el Gobierno con Amazon cuando buscaba un lugar en el norte de España para instalarse y se interesó por Cantabria, aunque finalmente ha elegido Asturias.

López Marcano ha explicado que en 2016 la empresa estuvo en contacto con la Autoridad Portuaria, que le ofreció instalarse en el futuro polígono de La Pasiega y le trasladó las previsiones, pero Amazon respondió que «no podía esperar tanto tiempo» hasta que estuviera en marcha.

Además, con respecto a su instalación en Asturias y el anuncio de que creará 2.000 puestos de trabajo, ha opinado que será una nave «excepcionalmente robotizada» que no dará tanto empleo.

MONTES DE GURIEZO

También ha intervenido el consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, que ha respondido a una interpelación del PP sobre los recursos del Gobierno a las subastas de cada año para el aprovechamiento de los montes de utilidad pública del Ayuntamiento de Guriezo, explicando que el Ejecutivo considera que el sistema que utiliza el Consistorio «no cumple la legalidad vigente pues no constan» en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública los términos de los consorcios que amparan su uso particular: condiciones económicas y técnicas, plazos, etcétera.

Tras la segunda decisión del Tribunal Supremo -en enero- de no admitir a trámite el recurso del Gobierno, los populares le han vuelto a pedir que «deje en paz a los vecinos de Guriezo» porque el tema «ya huele», mientras que el consejero ha indicado que «no se está haciendo otra cosa que velar por el interés general» y que «hay razones legales» para interponer esas demandas.

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