El Parlament catalán pide reclamar al Gobierno los 759 millones de la disposición adicional tercera
Exige al Ejecutivo catalán presentar una lista sobre el destino de los recursos
BARCELONA, 7
El Parlament catalán ha aprobado pedir a la Generalitat que reclame al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) el pago de 759 millones de euros de la disposición adicional tercera del Estatut entre 2021 y 2024 para «compensar el déficit inversor en infraestructuras en Cataluña en el 2008».
Se trata de una moción del PSC-Units que se ha aprobado este jueves en el pleno del Parlament tras recibir los votos favorables del PSC, Junts y comuns, el no de ERC, Vox y la CUP, la abstención de Cs y el PP no ha votado porque no estaban presentes en el hemiciclo.
El texto prevé que el Govern presente al Parlament, en el plazo de tres meses, la relación de infraestructuras de movilidad que se financiarán con estos recursos.
El socialista Jordi Terrades ha recordado que en la Comisión Mixta se acordó transferir un total de 759 millones de euros para invertirlos en infraestructuras, porque era el «dinero previsto pero no ejecutado de los PGE del 2008», y reclama al Govern que explique en un listado a qué se destinarán estos recursos.
DEBATE
Durante el debate, la diputada de Junts Cristina Casol ha tildado la moción de «historia de promesas e incumplimientos» y ha considerado necesario que la Generalitat exija al Gobierno que dé cumplimiento a la financiación en infraestructuras que corresponde a Cataluña de los años 2009 a 2013.
El republicano Lluís Salvadó ha criticado que la moción plantee «pura retórica y filibusterismo parlamentario» en lugar de reclamar la deuda que, a su juicio, tiene el Gobierno con Cataluña y que cifra en un total de 3.500 millones de euros.
Andrés Bello (Vox) ha sostenido que ese dinero «se debe utilizar para infraestructuras», y pide al vicepresidente Jordi Puigneró que comparezca en comisión para dar explicaciones sobre el cumplimiento de estas inversiones, y que el Síndic de Greuges haga un seguimiento.
La cupaire Montserrat Vinyets ha afeado que la moción haga «recaer las exigencias sobre el Govern, que no es responsable de este incumplimiento» y reivindica que el Estado debe garantizar esos recursos haya o no relación de infraestructuras por parte del Govern.
Marc Parés (comuns) ha mostrado su «perplejidad ante el desacuerdo entre los socios de Govern –ERC y Junts–» en una cuestión que cree que les debería unir, y ha insistido en la necesidad de presentar la relación de infraestructuras por transparencia.
Nacho Martín Blanco (Cs) ha afirmado que el contenido de la moción es razonable pero que la enmienda de Junts ha diluido el espíritu de la propuesta: «La pretensión de que la disposición adicional tercera continúe siendo vinculante hasta el 2013 es un despropósito».
