El Gobierno dice tener informes que consideran constitucional la amnistía, frente a las dudas de letrados del Congreso

No cree que la presidenta del Congreso ocultara el informe, como denuncia el PP

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reivindicado este jueves que el Ejecutivo tiene informes que avalan «perfectamente» que la ley de amnistía al procés es constitucional, tras darse a conocer uno redactado por las letradas de la comisión de Justicia del Congreso en el que se duda de su constitucionalidad.

Montero ha señalado que el Gobierno «tiene informes» para poder tramitar la ley de amnistía realizados por «juristas al menos con el mismo prestigio que tienen otros».

Y esos informes –ha continuado– consideran que «la norma es plenamente constitucional», según ha defendido en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press. La vicepresidenta primera no ha precisado sus autores, limitándose a decir que son juristas, expertos, catedráticos.

De esta forma ha respondido al ser preguntado por un segundo informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso que incide en las dudas de constitucionalidad de la Ley de Amnistía, en el que además se apunta a indeterminación en su ámbito de aplicación.

Con todo, la también número dos de los socialistas ha defendido que el informe de admisión a trámite dictaminó que la norma es constitucional, al tiempo que ha remarcado que a quien compete resolver sobre la constitucionalidad o no de la amnistía es al Tribunal Constitucional cuando sea recurrida por quienes se oponen. «Esperaremos a ese informe definitivo», ha apostillado.

ARMENGOL

Preguntada si cree que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ocultó ese segundo informe de los letrados hasta que finalizó el plazo para presentar enmiendas a la ley, como denuncia el PP, Montero ha dicho que no le consta «para nada».

La vicepresidenta ha expresado que para el Gobierno lo importante es que la ley pueda completar todos los pasos hasta ser aprobada y ha acusado al PP de tratar de deslegitimar «permanentemente» al Congreso.