El Gobierno de Cantabria presenta una rebaja fiscal con la que los cántabros ahorrarán 90 millones
Los populares confían en que servirá para «reactivar» la economía y recaudar más a pesar de la merma de ingresos
El Gobierno regional (PP) ha presentado una reforma fiscal que rebaja todos los impuestos de competencia autonómica y crea nuevas deducciones beneficiando a los 230.000 contribuyentes cántabros, quienes, si se aprueba, pagarán 90 millones de euros menos en impuestos al año.
Las medidas llegarán «a todos los ciudadanos» pero buscan beneficiar especialmente a los trabajadores con rentas medias y bajas, a los nuevos padres, a los jóvenes o a los habitantes de los municipios rurales.
Por ejemplo, incluye una reducción de la tarifa del IRPF en todos los tramos, rebajas en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, una bonificación del 50% en el Impuesto de Sucesiones cuando los herederos sean hermanos, la exención del pago del Impuesto sobre el Patrimonio y del canon del agua en municipios en riesgo de despoblamiento.
Si el PP, que gobierna en mayoría, consigue los apoyos suficientes para sacar adelante esta reforma, la bajada de tributos entraría en vigor el 1 de enero de 2024. PRC y PSOE se han posicionado varias veces en contra de bajar los impuestos ya que creen que la merma de ingresos conllevará recortes en los servicios públicos, por lo que el apoyo podría proceder de Vox, que sí ha venido defendiendo una rebaja fiscal.
Y la presentada este jueves es la mayor puesta en marcha en Cantabria, que hará que pase a ser una de las comunidades autónomas «con la fiscalidad» más reducida, según ha señalado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha dado a conocer en rueda de prensa este plan junto al consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros.
A pesar de que con ello se dejarán de ingresar 90 millones de euros al año, los populares confían en que aumentando la renta disponible a los hogares y empresas se impulsará el consumo familiar y la inversión, lo que se traducirá en «más y mejor empleo» y en más cotizantes. Así, el objetivo es que haya más declarantes que paguen menos.
«Menos impuestos no significa menos ingresos ni menos recaudación fiscal». «Los recursos producen mucho más en manos de las familias que en manos de la Administración», ha defendido presidenta, aludiendo a la experiencia de otras comunidades.
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