El Congreso envía al Gobierno la ILP que equipara los sueldos de policías para que decida en un mes si la veta o no
El Congreso ha enviado ya al Gobierno la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por el colectivo Justicia Salarial Policial (JUSAPOL) para regular la equiparación salarial entre los distintos cuerpos de seguridad; ahora el Ejecutivo tiene 30 días para decidir si la veta o permite su tramitación.
La Junta Electoral Central (JEC) ya había certificado que este colectivo de policías y guardias civiles superó el mínimo de las 500.000 firmas que se necesitan para poder llevar al Congreso una ILP.
Ahora la Mesa del Congreso ha ordenado la publicación de la proposición de ley en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) y la ha enviado al Gobierno, que conforme a la Constitución tiene un mes de plazo para decidir si da su conformidad al debate o si opta por vetarla al considerar que altera su política presupuestaria.
ESPERAN QUE EL GOBIERNO PERMITA EL DEBATE
Desde JUSAPOL entienden que el Gobierno no tendrá inconveniente en que se debata la ILP ya que en su momento se comprometió con los sindicatos y asociaciones representativas de la Policía Nacional y Guardia Civil a elaborar una ley de equiparación salarial. De hecho, en el proyecto de Presupuestos Generales de 2018 ya se plantea una partida para ese objetivo.
Si se supera el veto del Gobierno, la iniciativa deberá someterse en el plazo de seis meses a un primer debate en Pleno del Congreso donde se decidirá si se toma o no en consideración la proposición de ley. Eso sitúa la votación antes de final de año, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Según la ley, la tramitación parlamentaria de las ILP se efectúa conforme al procedimiento habitual en el Congreso para las proposiciones de ley, con el añadido de que, antes de esa votación, una persona de la Comisión Promotora de la recogida de firmas será llamada a comparecer en la Comisión de Interior del Congreso para explicar los motivos de la iniciativa ante los grupos parlamentarios.
Por último, la legislación establece una compensación de hasta 300.000 euros por los gastos, debidamente justificados, de la campaña de recogidas de firmas. JUSAPOL ha prometido transparencia y hacer público el destino de los euros gastados, justificados y abonados.
