El Congreso acepta el veto del Gobierno a la ley de Podemos que deroga los copagos sanitarios que impuso el PP en 2012
El Ejecutivo alega que la propuesta de los morados supondría un aumento del gasto de más de 1.194 millones de euros
La Mesa del Congreso ha aceptado este martes el veto del Gobierno a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley presentada por Unidos Podemos para regular la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que, entre sus principales propuestas, recogía la derogación de los copagos de medicamentos según renta y restricciones para el acceso a la tarjeta sanitaria.
El Ejecutivo se acoge, así, al artículo de la Constitución que otorga al Ejecutivo la capacidad de bloquear la tramitación de iniciativas legislativas que altere su política presupuestaria, ya sea por suponer un aumento de gasto o una disminución de los ingresos.
En general, la propuesta morada venía a «terminar con algunas de las medidas que se incluyeron en la reforma sanitaria» que el PP aprobó durante su Gobierno con mayoría absoluta, en 2012. Para ello, Unidos Podemos planteaba una cartera común en todas las comunidades, acordada en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), y que incluyera «todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, así como el transporte sanitario, cubiertos de forma completa por financiación pública».
El Gobierno comunicó al Congreso su disconformidad con la tramitación parlamentaria de la propuesta alegando que aplicar la iniciativa supondría que la Administración General del Estado tendría que aportar más de 108,25 millones de euros para cubrir la prestación farmacéutica y prestación ortoprotésica que ahora corre a cargo del usuario, con lo que se podría alcanzar una cantidad total de más de 1.194 millones de euros.
UNA MEDIDA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SNS
El Ejecutivo alerta de que las aportaciones por usuario se decidieron en 2012 como una «medida urgente para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, de garantía previa de suficiencia financiera asociada a la incorporación de nuevas prestaciones o servicios a la cartera complementaria de las comunidades autónomas».
«Como consecuencia de ello, la obligación por parte de las comunidades autónomas de destinar los recursos económicos necesarios para asegurar la financiación de la cartera común de servicios podría conllevar, en su caso, problemas de suficiencia financiera asociada a la prestación de dichos servicios y por tanto dificultades en su realización, generando desequilibrios presupuestarios en el ámbito autonómico», apunta el texto.
Por otra parte, el Ejecutivo señala que una iniciativa como la propuesta por Unidos Podemos, en la que se demora al siguiente ejercicio presupuestario la entrada en vigor de preceptos que suponen aumento de los gastos o disminución de los ingresos presupuestarios, condiciona al Gobierno en la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
«Por tanto, la tramitación de la propuesta sin contar con su conformidad supone la invasión de la competencia exclusiva que le corresponde de conformidad» al Ejecutivo en materia presupuestaria.
