El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas registra récord de solicitudes en México e Irak
Hasta el momento esta oficina ha localizado a 90 personas en once países
El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) ha alcanzado «un hito significativo» este jueves, tras registrar su solicitud urgente número 1.000 que insta a los gobiernos a tomar medidas para localizar a las víctimas.
Este tipo de procedimiento permite a los familiares y representantes de personas desaparecidas presentar una solicitud al comité una vez se ha interpuesto la denuncia de la desaparición a las autoridades nacionales competentes.
De esta manera, el CED puede interactuar rápidamente con los países para proporcionarles recomendaciones sobre medidas que pueden adoptar para la búsqueda de personas desaparecidas, así como para investigar las circunstancias en las que se ha producido la desaparición.
Es un mecanismo «rápido y reactivo» porque solo tarda de 24 a 48 horas y, además, el CED puede solicitar a los estados que adopten medidas provisionales para proteger a los denunciantes, familiares o testigos que puedan llegar a sufrir represalias por el proceso de búsqueda.
«Detrás de cada solicitud de acción urgente, hay una tragedia humana», han lamentado los miembros del CED, ya que «toda la familia de la víctima sufre por la ausencia de su ser querido y por la incertidumbre de si la víctima sigue viva».
Además, «a medida que pasa el tiempo, la posibilidad de encontrar a la persona con vida se reduce y el agravio aumenta», han alertado a través de un comunicado.
Casi la mitad de las solicitudes –el 49 por ciento– son solicitudes de desapariciones ocurridas en Irak, mientras que el 42 por ciento son casos registrados en México.
Hasta el momento, se ha localizado a 90 personas en 11 países –Irak, México, Marruecos, Argentina, Togo, Sri Lanka, Kazajstán, Mauritania, Bolivia, Cuba y Camboya– mediante el procedimiento de acción urgente.
En uno de los casos más recientes se logró localizar a tres defensores de la tierra de una comunidad indígena en Chiapas, en México, que desaparecieron el 8 de junio. Los familiares sospechaban que un grupo paramilitar, que presuntamente actuó con el consentimiento de funcionarios del gobierno, estaba involucrado ya que el grupo había amenazado, secuestrado y asesinado a miembros de la comunidad en el pasado.
Después de recibir la denuncia, el CED envió una solicitud de acción urgente a México, lo que resultó en el establecimiento de un grupo de trabajo integrado por representantes del Estado y de la sociedad civil para negociar con el grupo paramilitar.
Las víctimas fueron liberadas dos días después.
Por ejemplos como este, el comité confía en que se encontrarán más víctimas, pero recuerdan que para que suceda se requiere de cooperación activa de las autoridades estatales, la coordinación de los procedimientos de búsqueda e investigación y la participación de los familiares de los desaparecidos.
