El abogado de Puigdemont cree que «sin duda» podrá presentarse el 26M y, si es elegido, no hará falta recoger acta

Dice que Pablo Casado «no sabe de derecho» y desconoce que «no puede presentar» recurso contra la candidatura del expresidente catalán

BILBAO, 8

El abogado de Carles Puigdemont Gonzalo Boye ha afirmado que, «sin duda», el expresidente catalán podrá concurrir a los comicios europeos, y ha añadido que el líder del PP, Pablo Casado, «no sabe de derecho» y desconoce que «no puede presentar» recurso contra la candidatura. Además, ha asegurado que, si Puigdemont es elegido el próximo 26 de mayo, no será necesario recoger el acta en el Estado porque «no existe, es una proclamación», y ha advertido de que, en estas elecciones, «rige una interpretación europea de las normas».

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el letrado se ha pronunciado, de esta manera, después de que el Tribunal Supremo haya reconocido que el expresidente catalán puede concurrir a las elecciones europeas, tras anunciar Pablo Casado un recurso contra la decisión de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid de permitir que Carles Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí puedan concurrir a los comicios al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo.

Según ha indicado, era una «tropelía» por parte de un sector de la Junta Electoral Electoral que no pudiera concurrir, y ha asegurado que se recurrió la decisión porque sabían que «tenían razón». «Tal es así, que nos la dieron la Fiscalía y el Supremo, nos la han dado tres juzgados de lo Contencioso Administrativo y, sobre todo, nos la da, desde un comienzo, el voto particular de cuatro de los miembros de la Junta Electoral Central», ha asegurado.

Ante el recurso anunciado por Casado y que, según el letrado, ya ha sido presentado, ha afirmado que el actual líder del PP «no sabe de derecho». «Pablo Casado es legislador, cosa que ya me preocupa. En segundo lugar, tiene vocación de dirigir un país y, en tercer lugar, no sabe que no tiene legitimación activa para presentar ese recurso», ha añadido.

Boye ha afirmado que no tiene «capacidad de postular el recurso» porque el recurso de amparo en materia electoral está «previsto para el excluido, no para el denunciante». «Él no sabe que no lo puede presentar, pero ya el Tribunal Constitucional me imagino que se lo explicará», ha añadido.

En esta línea, ha indicado que «sin duda» Puigdemont y los exconsejeros van a ser candidatos para los comicios del 26 de mayo. Respecto a quienes advierten de que serán detenidos cuando acudan a recoger su acta en el Estado, ha explicado que el artículo 224 de la LOREG recoge que, a partir de la proclamación, los elegidos tienen cinco días para recoger el acta y, si no, «se suspenderán sus prerrogativas, es decir, algo que ya tenían, la prerrogativa de la inmunidad que se tiene a partir del momento de la proclamación».

Asimismo, ha advertido de que «en el Estado creen que la tierra es plana y termina en los Pirineos», pero los comicios del 26 de mayo son «unas elecciones europeas en la que a España le piden que organice un trozo de unas elecciones» y, por tanto, «la norma sólo se puede interpretar a través de las normas europeas».

«No son elecciones españolas ni son elecciones en las que se elijan representantes de España al Parlamento europeo. Se eligen a representantes de los ciudadanos europeos para el Parlamento europeo en las distintas circunscripciones», ha explicado. De este modo, ha insistido, «rige una interpretación europea de las normas».

En este sentido, ha afirmado que, por su parte, están «muy tranquilos». Según ha añadido, «creemos que no es un problema de inmunidad, es un problema de votos. ¿El president Puigdemont y los consellers van a contar con suficientes votos, sí o no? Si cuentan con suficientes votos, que no se preocupen, que ya nos encargamos nosotros de la inmunidad».

Boye ha asegurado que no hace falta que Puigdemont y los exconsellers vengan al Estado recoger sus actas si son elegidos el 26 de mayo porque «no existe tal acta, es una proclamación».

Tras advertir de que «la ley española está en disfunción con el ordenamiento jurídico europeo», ha confiado en que, si hay «una pelea del gato y el ratón, hace tiempo que pasamos a ser el gato».

Por otro lado, preguntado si tendrá consecuencias para Puigdemont la convocatoria de consulta en Cataluña, ha indicado que «ya veremos», pero, en todo caso, «estaríamos hablando de un posible delito de desobediencia» al Tribunal Constitucional, que no conlleva penas de prisión, sino de inhabilitación y multa.

Además, ha cuestionado si «uno está obligado a acatar las órdenes que son manifiestamente injustas, o las que van contra el ordenamiento general, o emanan de una autoridad que, a su vez, está absolutamente politizada teniendo que ser en todo caso una autoridad imparcial».

El abogado no descarta la posibilidad de que Puigdemont pueda volver a Cataluña, sino que «simplemente creemos que la discusión es otra: cada cosa se discutirá en su momento» y «el problema es que todo el mundo trata de que demos respuesta a todo al mismo tiempo».

«No hay un problema jurídico para que el president Puigdemont cuente con la inmunidad propia de un europarlamentario y, a partir de ese punto, la pelota no está en nuestro tejado, está en el tejado de España», ha insistido.

PROCÉS

En relación al juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra dirigentes del procés , ha afirmado que, en la petición de puesta en libertad de los encausados que han sido elegidos en las elecciones del 28 de abril, le sorprende que «no lo haya hecho de oficio el TS». Según ha indicado, «es un hecho público y notorio que fueron elegidos, está publicado en el BOE», por lo que tendría que «haber actuado en conformidad».

A su entender, los dirigentes que están siendo juzgados van a ser condenados en España, pero «en Europa vamos a ganar». «No les que la menor duda, lo tenemos muy claro», ha asegurado. En este sentido, ha remarcado que, en «los estados democráticos, el reunirse, el manifestarse, el asociarse, incluso el expresarse a través de un referéndum –sea oficial, inoficial, legal o ilegal–, no deja de ser derechos propios de cualquier democracia».