Detienen a un hombre e intervienen 46 especies exóticas en una finca en Güímar (Tenerife)
Las instalaciones carecían de núcleo zoológico y muchos animales presentaban estado nutricional y suministro de agua muy deficientes
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27
La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, en el marco de la Operación Érpon , intervino el pasado 4 de mayo en la isla de Tenerife diversos especímenes vivos, caparazones de tortugas, ejemplares muertos en estado de congelación y huevos, todos ellos protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), al realizar un registro domiciliario en una finca en el municipio de Güimar que acabó con la detención del propietario.
La investigación se inició en septiembre del año 2022 a raíz de la incautación de un espécimen CITES en la Operación NAJA-GC en Gran Canaria, acreditándose la venta del ejemplar desde la isla de Tenerife.
Este hallazgo permitió al Seprona obtener distintos indicios policiales para acreditar que el detenido había incurrido en un supuesto delito contra la flora y fauna, informa la Guardia Civil en una nota.
La fase de investigación consistió en el análisis de la documentación aportada para amparar a los animales, acreditándose que la tenencia de muchos de los ejemplares incumplían la normativa vigente, careciendo de registro como núcleo zoológico, así como el reconocimiento de la instalación como centro habilitado para la recepción de especies exóticas invasoras.
Asimismo, el propietario tampoco había realizado la declaración responsable relativa a la tenencia de especies invasoras.
Por todo ello y tras obtener el mandamiento judicial del Juzgado de Instrucción Número Uno de Telde, el Seprona de la Comandancia de Las Palmas se trasladó hasta el municipio de Güimar donde procedieron al registro domiciliario y la detención de un hombre.
En el registro los agentes encontraron un total de veintiocho especímenes vivos –una tortuga moteada, una tortuga dragón, catorce iguana cornuda, una tortuga nariz de cerdo, tres tortugas espalda de diamante, una tortuga de espolones africana, dos tortugas terrestres de patas rojas, dos tortugas elongada, un escinco gigante de salomón y dos tortugas radiadas–, dos caparazones de tortugas, tres ejemplares muertos en estado de congelación y diez huevos, todos ellos protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), catalogados en los APÉNDICES I y II del Convenio.
Igualmente intervinieron una incubadora en uso con huevos de tortugas y un neonato de menos de dos semanas, así como tres ejemplares vivos no CITES, (una tortuga mordedora de Nueva Guinea y dos tortugas charapita de aguajal), que quedaron depositados en la Fundación Neotrópico de la isla de Tenerife.
Catorce de los especímenes APÉNDICE I son especies exóticas invasoras (iguana cornuda), de los que trece poseen marcado mediante microchip, y los agentes verificaron que el animal vendido en Gran Canaria pertenecía a la misma partida, no estando registrados estos animales en la base de datos de identificación animal ni la identificación del veterinario que realizó el implante, un requisito «imprescindible», detallan desde la Guardia Civil, ya que la colocación del microchip es un acto clínico que solo puede llevarse a cabo por veterinarios.
Para el depósito de los especímenes CITES a nivel nacional, se cuenta con la disponibilidad de la red de centros de rescate (CITES) y de potenciales centros asociados que cumplen los estándares para la acomodación y cuidados de animales en zoos de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA).
La Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España designa a la Fundación Neotrópico para prestar apoyo en identificación, reconocimiento veterinario, traslado y como Centro de Rescate depositario de los ejemplares incautados, y todo lo intervenido ha quedado a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de Telde.
CRIADERO ILÍCITO Y FALLECIMIENTO DE UN ANIMAL
Concretamente se da la circunstancia de que la finca objeto de inspección ha sido utilizada para la reproducción y cría ilícita de especímenes de diferentes especies y grado de protección sujetos al Convenio CITES.
La Guardia Civil detalla también que en días posteriores y como consecuencia del precario estado de salud y debilidad se produjo la muerte de uno de los ejemplares intervenidos.
Una vez obtenidos los respectivos informes técnicos de las autoridades administrativas, el Seprona determinó que la mayoría de los especímenes se encuentran en situación irregular al carecer de documentación y marcado, incumpliendo las normativas en materia de comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y sobre especies exóticas invasoras.
Además los animales eran mantenidos en condiciones zoosanitarias inapropiadas y sin protección adecuada frente a las inclemencias climáticas.
Muchos animales presentaban un estado nutricional y de suministro de agua muy deficientes, las especies acuáticas se encontraban en instalaciones de reducidas dimensiones, con el agua turbia, eutrofizada y maloliente.
Tampoco se puede establecer una trazabilidad y no se acredita registro de entrada y salida de animales incumpliendo la ley con respecto a la salud y bienestar animal.
En esta actuación el Seprona contó con la colaboración de personal de la Fundación Neotrópico designada por la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, personal de la Dirección General de Ganadería, Servicio de Industrias, Registro y Bienestar Animal de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y personal veterinario designado por el Ayuntamiento de Güimar y diversas unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife.
Por dichas acciones la Guardia Civil procedió a la incoación de atestado por la presunta comisión de un delito contra la flora y fauna (artículo 333 y 334), delitos contra los animales (artículo 340 bis) y otro delito de usurpación de funciones públicas y del intrusismo (artículo 403).
Paralelamente se ha dado cuenta a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Dirección General de Ganadería, Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales y Ayuntamiento de Güimar por supuestas infracciones administrativas.