Collboni admite que la reserva del 30% para pisos protegidos «no ha funcionado»: ha frenado la inversión privada

Modificará la norma para que el mismo porcentaje «se convierta en dinero» para promoción pública de vivienda

El candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, que durante esta Legislatura ha sido el primer teniente de alcalde de la capital catalana, ha admitido que «no ha funcionado» la reserva del 30 por ciento para pisos protegidos que el ayuntamiento de Ada Colau obligó a aportar en las nuevas promociones de vivienda.

Así lo ha afirmado durante su intervención en un coloquio on line realizado por el PSOE, titulado «Políticamente hablando: de vivienda» y moderado por el secretario de Política Municipal socialista, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. En él han participado también los candidatos socialistas a las alcaldías de Madrid, Sevilla, Valencia, Las Palmas y Málaga.

Durante su intervención, Collboni ha explicado que en Barcelona se ha implantado estos años una medida que «habrá que revisar». Se trata de la «reserva de un 30 por ciento de vivienda social en suelo urbanizado, es decir, en las nuevas promociones de la ciudad», bien sean de nueva planta o de rehabilitación.

Pero ha admitido que «no ha funcionado porque era demasiado rígida y ha frenado la inversión privada y la producción de vivienda pública y vamos a cambiarla».

Por ello, ha planteado modificar esta medida «manteniendo el criterio» como ha dicho que se hace en otras ciudades del mundo como París o Nueva York, «haciendo que el 30 por ciento se convierta en dinero».

Es decir, ha añadido, «que el equivalente económico de ese 30 por ciento se aportará a la promoción pública de vivienda para hacer vivienda dentro del distrito donde se hagan estas promociones, con el fin de garantizar el mix urbano en el centro de la ciudad.

El candidato del PSC a la alcaldía ha recordado que en Barcelona se había impulsado durante muchos años la vivienda pública con los socialistas, haciendo unas 1.500 viviendas al año. Sin embargo, ha criticado que cuando el PSC dejó la alcaldía en 2011 llegó Xavier Trías «y sus recortes». Éste, ha recordado, puso la construcción de vivienda «a cero» e hizo «algo peor» que fue no preveer planeamiento para hacer vivienda en el futuro.

«Sin el suelo no podemos construir», ha exclamado pero acto seguido ha explicado que durante estos años han desarrollado los planes para tener suelo y volver a hacer vivienda. Ahora cuentan con tres nuevas zonas de desarrllo: 22@norte, Sagrera de Bon Pastor y Zona Franca.

SUELO PARA 60.000 VIVIENDAS, DE LAS QUE 25.000 SERÁN PROTEGIDAS

Esto les permitirá tener suelo para construir viviendas los próximos 10 años y ha concretado que serán 60.000 viviendas públicas y privadas, de las que 25.000 será de protección. El compromiso, ha añadido, es generar un parque de alquiler para los jóvenes, para la clase media y trabajadora que en estos momentos está emigrando de la ciudad.

Además, ha querido poner en valor que gracias a las muchas acciones que han llevado a cabo, la emergencia habitacional en Barcelona se está cubriendo. No obstante, ha precisado que lo que no se ha hecho es «esta política de escala que puede impactar en la oferta y los precios».

Otra de las propuestas que ha hecho es la de incentivar el alquiler con el «Plan 500» para que los propietarios alquilen viviendas a precios de mercado, pero subvencionando la renta con hasta 500 euros. El propietario tendría, ha dicho: seguridad jurídica, bonificación del IBI en el 95 por ciento y subvenciones de hasta 20.000 euros para rehabilitación energética. Con esta medida espera que salgan al mercado entre 800 y 1.000 viviendas al año.

Collboni ha cargado también contra los pisos turísticos, de los que hay 9.000 en la capital catalana, dejando claro que no se van a conceder más licencias y se están poniendo sanciones duras. También plantea combatir las «okupaciones delictivas», no las de las familias vulnerables, para lo que ha planteado que la comunidad de propietarios pueda ser actor legitimado para presentar denuncias y ha apostado por el desalojo en 48 horas.