Celaá afirma que el acuerdo PNV-EH Bildu sobre el nuevo estatus «no tendría ninguna opción» en el Congreso
Asegura que Urkullu «es sensato» y debe aspirar a que en el nuevo Estatuto confluya «la pluralidad de la sociedad vasca»
BILBAO, 2
La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha afirmado que el acuerdo alcanzado entre el PNV y EH Bildu para un nuevo estatus en Euskadi «no tendría ninguna opción» de aprobarse en el Congreso de los Diputados y se convertiría en un Plan Ibarretxe 2 . La ministra ha asegurado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, es «sensato» y debe aspirar a que en el nuevo Estatuto confluya «la pluralidad de la sociedad vasca».
En una entrevista que publica este domingo El Correo, recogida por Europa Press, Celaá se ha mostrado convencida de que la propuesta de reforma del Estatuto acordada por PNV y EH Bildu «no tendría ninguna opción» en el Congreso de los Diputados. «Absolutamente ninguna», ha insistido.
Para la ministra socialista, «no se puede aceptar una división entre nacionalidad y ciudadanía» ni tampoco «una consulta habilitante previa». Por ello, cree que el texto sería «un plan Ibarretxe 2».
«Mejor acordar, acomodar, armonizar… Hay posibilidades para, sobre la misma base fundante del actual Estatuto, enriquecerla, incorporando derechos de nueva generación y la relación con Europa. Eso está todo trabajado en la ponencia de Autogobierno. Pero el último acuerdo que hemos presenciado entre PNV y Bildu no tiene ninguna salida», ha asegurado.
Celaá asegura que el lehendakari, Iñigo Urkullu, conoce ya la opinión del Gobierno socialista al respecto, porque se le ha transmitido «de varias maneras». «Incluido el PSE, que ya le ha advertido al PNV con absoluta claridad de que por ahí no puede ir», ha manifestado.
Además, ha recordado que el PNV ha sido «históricamente» un partido «muy pragmático» y conoce «los límites» de los proyectos políticos. «Vivimos en una monarquía constitucional y Euskadi tiene muchas herramientas para hacer un trabajo de muchísima utilidad y valor para la ciudadanía. Hay un amplísimo campo para trabajar en el que todo el mundo se sienta cómodo, incluidas los nacionalistas», ha añadido.
Celaá considera que Urkullu «es sensato y conoce la reflexión hecha por cada grupo parlamentario» por lo que «la aspiración que tiene que tener el lehendakari es que en el nuevo Estatuto confluya la pluralidad de la sociedad vasca». «Si se alinea sólo con la posición nacionalista, sabe que la sociedad no está ahí», ha apuntado.
TRANSFERENCIAS Y POLÍTICA PENITENCIARIA
Ante la exigencia del Ejecutivo autónomo al Gobierno del PSOE para que establezca ya un calendario de transferencias, Celaá ha asegurado que «hablar de un calendario forma parte de la interlocución entre los dos gobiernos» pero «otra cosa es comprometerse con fechas concretas». «Ésa es una cuestión diferente y más difícil. Vamos a ver qué podemos llega a acordar», ha dicho.
Preguntada por si será factible completar el Estatuto en la presente legislatura, ha afirmado que «unas transferencias son más fáciles que otras», por lo que «quienes se sienten a negociar irán viendo cuáles son los momentos idóneos para hacerlo». «Claro que lo mejor sería que se pudiera completar el Estatuto, pero habrá que ver qué interpretación tiene cada parte de cada transferencia», ha indicado.
La portavoz del Gabinete Sánchez ha indicado, por otra parte, que el traslado de presos de ETA a cárceles cercanas «cuando se haga, será individualizado y conforme a la ley y a las juntas de tratamiento de las cárceles». Por ello, ha insistido que «no habrá un acercamiento colectivo como hizo Aznar en su día, y se hará de forma transparente porque se informará a las asociaciones de víctimas».
Ante las acusaciones de los populares al Gobierno por hacer de esta cuestión una prioridad , ha recordado que «la identificación de los reclusos que podían ser acercados a prisiones vascas ya la inició Zoido (anterior ministro de Interior con el PP) a petición de Rajoy».
CATALUÑA
Respecto a Cataluña y los últimos momentos de tensión social como consecuencia de los lazos amarillos, ha señalado que «el tema del orden público se llevará a la próxima Junta de Seguridad» puesto que «la seguridad es responsabilidad exclusiva del Estado».
Además, ha confiado en «la racionalidad de la ciudadanía catalana» y se ha mostrado convencida de que «son cada vez menos los que estarían en disposición de respaldar un soberanismo radical. Cada día son menos».
Según ha argumentado, «el pasillo político que está abriendo este Gobierno y que había estado bloqueado durante el del PP tiene que dar resultados». «Vamos a dar un tiempo a la política y esperemos que haya inteligencia colectiva suficiente, también entre las fuerzas soberanistas, para saber aprovechar la gran oportunidad que se les ofrece desde el Gobierno de España», ha añadido.
Celaá cree que «está claro» que Carles Puigdemont no tiene disposición de llegar a un entendimiento. «Y Torra vamos a ver», ha añadido. Tras rehusar hablar de «futuribles», ha emplazado a ver si el president «se alinea con la racionalidad o no».
Para la portavoz del Gobierno, aludir a la posible aplicación del 155 es «hablar con categoría de futuro». «Y lo que tenemos es el presente. Nosotros vamos a seguir trabajando por una solución política. Tenemos la firme determinación de transitar por el itinerario político que nos hemos propuesto. Y esperamos reciprocidad. Los soberanistas también saben que Cataluña tiene un bloqueo y que el Gobierno de España les está ofreciendo un camino para solucionarlo», ha manifestado.
PRESUPUESTOS
Celaá ha expresado su convicción de que el Gobierno tendrá Presupuestos el próximo año, y se ha mostrado «disposición de hablar con todos y de sacarlos adelante». «Salimos al campo a ganar», ha añadido.
También ha confiado en lograr el apoyo de los partidos catalanes porque el Ejecutivo trabaja en «unas Cuentas que son muy valiosas para la ciudadanía». «Es muy importante contar con recursos para Sanidad, Educación, dependencia, para consolidar las pensiones… Y las comunidades podrán contar con 2.500 millones de euros más para su déficit, incluida Cataluña», ha añadido.
Ha rechazado que el Gobierno deba pagar algún precio por el apoyo de los catalantes porque en política «se hacen pactos y se trabajan acuerdos. Y acordar es yo ceder en una parte y tú en otra. Eso no son hipotecas».
La exigencia de libertad de los políticos encarcelados por parte de esos partidos «no tiene nada que ver», en su opinión. «Vivimos en un Estado democrático con separación de poderes. Y a diferencia de lo que hicieron otros, este Gobierno no da instrucciones a la Fiscalía. Ninguna. Es autónoma», ha añadido.
Además, ha apuntado que dar cumplimiento a esa hipotética condición de las fuerzas catalanas «no está en la mano del Gobierno». «No concebimos no sacar los Presupuestos. Y con ellos e incluso en otros supuestos, tenemos la firme determinación de seguir», ha finalizado.