Cantabria recibirá del Fondo Social Europeo y el Gobierno central 8,7 millones para reducir la pobreza infantil
El reparto se ha aprobado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Cantabria va a recibir del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y de los Presupuestos Generales de Estado un total de 8,7 millones dirigidos para programas de protección a la familia y reducción de la pobreza infantil.
Así se ha acordado este jueves el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el que ha participado la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez (PSOE).
De los 8,7 millones que llegarán a Cantabria, 5,2 corresponden al programa del Fondo Social Europeo Plus, destinado a hacer frente a la privación material mediante alimentos o prestación de asistencia material básica a las personas más desfavorecidas, en particular a los menores, y establecer medidas de acompañamiento que apoyen su inclusión social.
Según ha explicado la consejera, la ayuda del FSE+ cubre el 90% del coste total de las actuaciones y Cantabria asume la cofinanciación del 10% restante.
Por lo que respecta a los fondos de los Presupuestos Generales de Estado 2022 que se destinan a prestaciones básicas de Servicios Sociales en la protección de la familia y atención a la pobreza infantil -fondos directamente ligados a los Servicios Sociales de Atención Primaria-, Cantabria recibirá 1,9 millones.
En concreto, para atender el programa de protección de la familia y atención a la pobreza infantil 1.146.485 euros; 358.208 euros para el programa VECA que garantiza el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral; y 375.000 euros para reforzar los equipos de atención a la infancia y la familia en los Servicios Sociales de Atención Primaria.
En la reunión del Consejo que ha estado presidida por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se han aprobado también los criterios de reparto y distribución territorial de los créditos consignados en los Presupuestos Generales de Estado 2022 para el Plan de Desarrollo Gitano.
