Cantabria obtiene el compromiso del ministro de Justicia de prorrogar la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández, ha obtenido el compromiso del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de prorrogar la entrada en vigor de Ley de Registro Civil y así evitar el cierre de las Oficinas de Registro Civil ubicadas en juzgados y ayuntamientos de la Comunidad.

Ambos han mantenido este miércoles una reunión en Madrid, en la que el ministro ha abogado por mantener este servicio «gratuito, cercano al ciudadano, informatizado y gestionado por el personal de Justicia», según informa el Gobierno de Cantabria en un comunicado de prensa.

Por su parte, la consejera ha destacado la necesidad de modernizar el sistema informático en el ámbito judicial y de fortalecer las secciones de la Audiencia Provincial, así como un nuevo decreto que dé respuesta de la tasa de litigiosidad. Según ha explicado, Santander sigue teniendo altas tasas de pleitos y más aún con las cláusulas suelo y las dudas sobre el IPRH.

A su vez, Fernández ha celebrado que el proyecto Justicia 2030, presentado recientemente por el ministro, recoja como uno de sus ejes fundamentales la «transformación digital-interoperabilidad», ya que, en su opinión, «la propia regulación y la realidad demuestran que el único cambio para seguir avanzando es apostar por interoperabilidad».

Fernández ha explicado que Cantabria ya dispone de un sistema procesal propio (Vereda) que permite a los profesionales realizar los trámites y actuaciones, acceder de manera telemática a los procedimientos en los que sean parte o deban intervenir y presentar escritos y acceder a las notificaciones y comunicaciones que los órganos judiciales les remiten.

Entre las cuestiones de personal, Paula Fernández ha reiterado la importancia de crear un grupo de recursos humanos de carácter técnico «para gestionar de la forma más adecuada al personal de los cuerpos generales de la Administración de Justicia del Ministerio y los transferidos».

Asimismo, ambos han coincidido en que la mediación debe servir como un medio de solución de conflictos, «reduciendo la litigiosidad en los juzgados o especializándola», y siendo conscientes de que algunos conflictos «precisan de una participación directa de los afectados para resolverse».

En este sentido, ha señalado que «la mediación no debe ser una exigencia pre procesal, sino una oportunidad o posibilidad, evolucionado como una profesión».

Finalmente, Cantabria ha trasladado al ministro su voluntad de colaborar en el proyecto Justicia 20/30, a través del Comité técnico de administración de justicia electrónica y resto de grupos de trabajo, aportado la experiencia obtenida en Cantabria en los últimos años en la gestión de la competencia de justicia.