Cantabria aprueba su nueva normativa de residencias, que homogeniza requisitos y avanza en una atención personalizada

La nueva orden, «consensuada», según el Gobierno, con el sector, limita a 120 usuarios los centros, en módulos de máximo 30 personas

El Gobierno regional ha aprobado y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) su nueva normativa de residencias, que homogeniza e iguala requisitos y exigencias de personal entre los centros públicos, concertados y privados; incrementa las exigencias de calidad, y limita su tamaño a un máximo de 120 personas, y las organiza en módulos de un máximo de 30 usuarios, para avanzar en un atención «más personalizada».

Así lo han indicado este miércoles en rueda de prensa la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez (PSOE), y el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, quienes han presentado la nueva orden que regula las residencias, publicada el pasado miércoles en el BOC y que gira en torno a tres tipos de requisitos: estructurales, funcionales y de acreditación.

REQUISITOS Y NOVEDADES

Han indicado que lo que se ha pretendido es favorecer un ambiente «lo más parecido a un hogar», algo para lo que se establece, como «novedad», que los centros residenciales tendrán que estructurarse en módulos de convivencia de 30 personas como máximo y zonificar sus espacios de tal forma que guarden una relación directa con los distintos tipos de actividad que se llevan a cabo en ellos.

En cada módulo, se ubicarán los espacios más privados de los usuarios, como dormitorios y cuartos de baño, y contarán también con espacios reservados a salas de estar comunes y comedor.

De esta forma, se busca que la vida cotidiana de los usuarios se desarrolle de forma «más familiar», en un ambiente menos masificado, y donde las necesidades e intereses de los residentes se puedan atender de forma más perrsonalizadas.

Además, se considera que esta organización por módulos más reducidos, que ya estaba prevista en el proyecto inicial de la orden, se ha mostrado, una vez sobrevenido el COVID-19, como «uno de los instrumentos más idóneos» para preservar y proteger la seguridad de los usuarios y limitar la expansión de riesgos para la salud de usuarios y trabajadores.

En cuanto a los requisitos funcionales, Soto ha apuntado que la novedad más relevante es la unificación en los centros de atención a la dependencia de las diferentes exigencias de personal que anteriormente se hacían para el funcionamiento del centro y para su acreditación.

De esta forma, todos los centros de la misma tipología tendrán el mismo requerimiento de personal para su funcionamiento.

De igual manera, a todos los centros se les exigirán la ejecución de los programas de atención que anteriormente se consideraban exclusivamente como criterio de calidad para la acreditación del centro.

Desaparece así la distinción entre centros autorizados y centrosacreditados, por entender que el derecho a una atención integral, en la que son esenciales la ratio de personal y los programas en que se traduce la atención especializada, asiste por igual a todos los usuarios de los centros.

En este sentido, Soto ha destacado que los requisitos de calidad se incrementan y se extienden a todos los centros. «La exigencia de calidad en la prestación de los servicios de atención social es una necesidad demandada por la sociedad que no puede limitarse, como venía sucediendo hasta ahora, tan solo a los centros públicos», ha dicho el director general de Políticas Sociales.

A partir de ahora, los condicionantes de calidad se exigirán a todos los centros para su funcionamiento y para la atención general de los usuarios, de forma que la igualdad de trato se haga extensiva a todo el sistema de atención.

Otra de las cuestiones más relevantes es que desaparece la determinación del personal de atención directa diferenciada por grados de dependencia en residencias de personas mayores.

Soto ha defendido que la constante variación del perfil de las personas usuarias obliga a un continuo recálculo y modificación de la plantilla de trabajadores y a que no siempre hay una relación directa entre el grado de dependencia y las necesidades de cuidado y, por tanto de profesionales de atención directa, lo cual hace que no exista una garantía real de que cada persona usuaria tenga el nivel de atención que precisa en atención a su dependencia.

Además, con la finalidad ya expresada de extender el concepto de calidad más allá del cumplimiento de determinados estándares preestablecidos, Soto ha resaltado que la Orden establece que loscentros residenciales deberán incorporar planes de calidad con un sistema de valoración y análisis constante basado en la evidencia, que permitan una mejora continua tanto en los servicios que presta a las personas usuarias como en la gestión de los mismos.

A este respecto, la norma contempla igualmente la elaboración de unos estándares de calidad de ámbito regional que, junto a otros instrumentos, servirán de referencia para la evaluación de la misma en cada centro.

Soto ha aclarado que, fundamentalmente, la nueva normativa –sobre todo en cuanto a criterios estructurales– está dirigida a los nuevos centros que se creen en la comunidad, aunque los ya existentes tendrán que «adaptarse» a la normativa, si bien se establecen ciertas «excepciones» ante la imposibilidad de algunos de ellos para hacerlo completamente.

Para la adaptación a la normativa, se han establecido «distintos plazos» para cada aspecto, que pueden ir desde los 5 años para adaptaciones, por ejemplo, de infraestructura, hasta unos pocos meses.

Así, la aplicación de los requisitos funcionales de la orden serán prácticamente inmediatos para los centros.

En Cantabria, hay 82 residencias, en las que todas las públicas y concertadas están acreditadas. Solo hay cuatro centros que no tienen concierto con el Gobierno de Cantabria, algo que, según ha precisado Soto, no es porque no cumplan los requisitos sino porque «no quieren» y prefieren optar por la vía privada.

UNA NORMATIVA «CONSENSUADA» CON EL SECTOR

Esta normativa, que sustutituye a dos órdenes anteriores de la pasada legislatura, en la que la titular era Eva Díaz Tezanos, cuya publicación, según ha reconocido Álvarez, provocó «cierta tensión», por parte de sector de atención a personas mayores o con discapacidad, lo que llevó a la Consejería a realizar, al principio de este mandato a revisar las misma, aunque –ha precisado– «sin abandonar el planteamiento de base anterior» con el objetivo de lograr un consenso.

Soto ha afirmado que la normativa que ahora se ha aprobado «está consensuada» con el sector, aunque ha indicado que, como en todo en la negociación y concertación, «a nadie le gusta completamente el acuerdo al que se ha llegado» pero supone un «avance».

Desde la Consejería de Políticas Sociales han destacado que el «intenso» proceso de consulta y trabajo con las entidades del sector para el desarrollo de la Orden, que se ha visto condicionada a la aparición de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, que ha tenido especial incidencia en los centros de atención residencial.

Esta emergencia sanitaria, ha hecho que durante un tiempo se haya «desviado el foco de atención y de trabajo» en la atención a las consecuencias de la pandemia en los centros.