Calviño avanza la creación de la Autoridad Macroprudencial en dos o tres semanas y no ve indicios de menor PIB

Advierte de que si se prorrogan los Presupuestos, el déficit público será superior al 1,8% previsto

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha avanzado que el Consejo de Ministros de este viernes abordará un primer informe sobre la Autoridad Macroprudencial, cuya creación concluirá «la semana próxima o la siguiente», al tiempo que ha negado que haya un parón económico y ha destacado que los últimos indicadores son «positivos», por lo que no ve «indicios» para reducir las previsiones macroeconómicas.

Así lo ha avanzado Calviño durante la inauguración del foro empresarial The Spain Summit 2018 , organizado por The Economist , en el que ha recordado que el Gobierno impulsa la creación de la Autoridad Macroprudencial junto al Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Al respecto ha adelantado que el Consejo de Ministros de este viernes abordará «algún elemento» referido al nuevo organismo, y que «la semana próxima y la siguiente» terminará la creación de la nueva Autoridad, que existe en todos los países europeos salvo en Italia y España, y busca evitar que se acumulen desequilibrios sin que sean percibidos.

Calviño ha destacado que España se mantiene en la fase «expansiva» del ciclo económico, y prevé un crecimiento del PIB del 2,6% este año y del 2,3% en 2019. «No hay un parón, hay un crecimiento económico que se va moderando como es lógico», ha explicado Calviño, quien ha señalado que España está cerrando ya su último ciclo económico y ha incidido en los riesgos y las incertidumbres procedentes del exterior, como el Brexit, y la estabilidad financiera en determinados países emergentes y en la zona euro.

Según Calviño, en los últimos 10 años la economía española «se ha expuesto mucho y estamos mucho más expuestos a los vaivenes internacionales», por lo que cree que hay que estar «muy atentos» y seguir «muy de cerca» el desarrollo del entorno por la posible incidencia en España. En todo caso, ha subrayado que todas las previsiones siguen apuntando a que España tendrá un crecimiento «bastante robusto» el próximo año, del 2,3%.

Por ello, ha indicado que desde Economía no ven la necesidad de hacer una revisión, sino que esperarán a ver cómo se desarrolla la economía desde principios del año que viene, especialmente cuando los indicadores de las dos últimas semanas son «positivos». «No me parece que haya indicios o suficientes certezas como para reducir la previsión», ha enfatizado.

Según Calviño, el Gobierno trabaja con «mucha determinación» respecto a la importancia de la disciplina presupuestaria, la reducción de la deuda y del déficit, que en los últimos años «se ha debido más que exclusivamente al ciclo económico»; ya que incluso se han tomado medidas de política económica que «han deteriorado el saldo estructural».

LA PRÓRROGA DE PGE SUPONDRÍA UN DÉFICIT MAYOR

Por ello, ha abogado por aprovechar el momento de crecimiento para sentar las bases de reformas estructurales que garanticen un crecimiento sostenible a medio plazo, y ha defendido el plan presupuestario porque plantea un ajuste estructural que pasa por la reducción del déficit, la disminución de la deuda al doble de ritmo que los últimos años y lograr superávit primario.

La ministra ha asegurado que el plan A del Ejecutivo sigue siendo aprobar los Presupuestos de 2018, porque es «lo que España necesita», y ha advertido de que si no salen adelante y se prorrogan las cuentas de este año, no se podrían hacer ajustes de ingresos y se registraría un déficit público «superior». «Las alternativas no son deseables desde la perspectiva de la disciplina fiscal», ha apostillado. El Gobierno ya ha adelantado que el déficit se iría al 2,2% del PIB si no se aprueban las cuentas públicas.

En este punto, ha indicado que España se encuentra en una situación «relativamente especial» porque solo ha enviado el plan presupuestario pero no el anteproyecto de ley de los PGE, que incluye impuestos, cuya creación está en curso, como el de los servicios digitales o las transacciones financieras.

Además, ha vuelto a asegurar que la subida del Salario Mínimo a 900 euros para 2019 recogida en el plan presupuestario tendrá un impacto «neutro» en el crecimiento y la creación de empleo, teniendo en cuenta todas las medidas del plan.

A pesar de la complejidad del arco parlamentario, Calviño ha defendido que hay que aprovechar la coyuntura económica para diseñar las bases de las reformas estructurales, puesto que hay una «mayoría social» que pide cambios y sería un «error» paralizarse ante la nueva realidad política que «exige consensos».

DESCARTA BURBUJA INMOBILIARIA Y NO VE «FÁCIL» REDUCIR BUROCRACIA

Además, ha repasado los puntos fuertes de la economía española y ha citado la internacionalización de las empresas, la contribución de la demanda externa, la reducción de la deuda privada y el nuevo modelo de crecimiento económico interno, con un «dinamismo enorme» de la inversión, sin una sobredimensión de la construcción. Este sector «empieza a tirar, es positivo, tiene recorrido, pero no vemos una burbuja o una dimensión excesiva», ha puntualizado.

La titular de Economía ha detallado que su «ambicioso» programa pasa en estos momentos por la culminación antes de final de año de la Autoridad Macroprudencial y la Autoridad de protección del cliente financiero, un avance «muy importante» en la transposición de 14 directivas comunitarias y un conjunto de reformas a medio plazo, como las referidas a la Educación, Formación Profesional, transformación ecológica y energética.

En cuanto al sistema de pensiones, ha dicho ver «muy arriesgado» afirmar que el sistema no es sostenible, ya que depende de factores como la evolución demográfica, la inmigración, la natalidad, el empleo, los salarios o las cotizaciones a la Seguridad Social.

Para la ministra, «a lo mejor» algunas prestaciones pagadas por el sistema contributivo podrían pasar a ser sufragadas por los Presupuestos, entre otras medidas abordadas por el Pacto de Toledo, y en un contexto en el que las reformas de 2011 y 2013 «están teniendo su impacto en el sistema», que «no hay que minimizar».

En cuanto a la carga burocrática, ha indicado que los sucesivos gobiernos han tratado de aliviar dicha carga, si bien el proceso «no es fácil», ya que España tiene un Estado de autonomías, en el que se tiene que tener en cuenta la unidad de mercado y facilitar la libre prestación de servicios y bienes en el mercado nacional. «Rebajar la carga regulatoria es muy importante pero no es fácil, no se consigue de la noche a la mañana», ha agregado.

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