Acuerdos.- El Gobierno aprueba el proyecto de ley que regula el Consejo Social de la UC
Se modifica la composición del órgano, que se mantiene en 20 miembros, y se limita su mandato a ocho años
El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves el proyecto de Ley que regula el Consejo Social de la Universidad de Cantabria. Este ha sido el acuerdo más destacado de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que se han tramitado diversos expedientes por importe de 1,1 millones de euros.
Según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta y consejera de Universidades, la nueva ley del Consejo Social de la UC, que reemplazará a la aprobada en 1998, modifica la composición de este órgano cuya misión es ejercer como elemento de interrelación entra la universidad y la sociedad, y limita el mandato de sus miembros a ocho años.
Seguirá teniendo 20 miembros, incluido el presidente, pero los representantes de la comunidad universitaria se reducen de ocho a seis y aumentan de 12 a 14 los miembros elegidos en representación de los «intereses sociales», con la novedad de que dos de ellos serán designados por el presidente del Consejo Social «entre personas de reconocido prestigio de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social».
Díaz Tezanos ha dicho que se trata de una ley «consensuada con todos los actores implicados» y se ha mostrado convencida de que «supone una oportunidad para potenciar el papel de la educación superior en Cantabria, pues se incrementa la interacción con los agentes sociales y se da una mejor respuesta a las demandas de la sociedad y del sistema productivo».
El proyecto de ley consta de 23 artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.Se amplía el objeto de la ley, que es la regulación de la naturaleza, los fines, competencias, composición, organización y funcionamiento del consejo social de la Universidad de Cantabria.
Como fines, la nueva ley contempla que le corresponde al consejo social de la UC la supervisión de las actividades de carácter económico de la universidad y del rendimiento de sus servicios, así como promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la universidad y las relaciones entre ésta y su entorno cultural, profesional, económico y social, al servicio de la calidad de la actividad universitaria.
COMPOSICIÓN
De los seis vocales que representan a la comunidad universitaria, tres serán natos -el rector, el secretario general y el gerente- y los otros tres serán elegidos por el Consejo de Gobierno de la UC de entre sus miembros.
Los 14 vocales que representan los intereses sociales de la comunidad autónoma deberán ser personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social y no podrán ser miembros de la propia comunidad universitaria.
Cuatro serán elegidos por el Parlamento de Cantabria, por mayoría absoluta; dos por los sindicatos; otros dos por las organizaciones empresariales más representativas; dos por el presidente del Consejo Social; y cuatro por el Gobierno de Cantabria -el director general de universidades, un director general de la Consejería de Economía, y dos designados entre personas con experiencia en los campos de la ciencia, la tecnología, de la administración pública, profesional, de la economía y del trabajo.
Además, se establece un periodo máximo de duración del mandado de los vocales de ocho años que la anterior normativa no contemplaba y se regulan de manera más extensa que en la anterior normativa los derechos y deberes de los vocales. En cuanto a la estructura orgánica del consejo social, funcionará en pleno y en las comisiones que se creen.
Por último, se establece una disposición transitoria que facilita el tránsito al régimen jurídico previsto en la nueva ley. El consejo social deberá en el plazo de tres meses elaborar su propio reglamento de organización y funcionamiento.
OTROS ACUERDOS
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para contibuir a la formación de jueces y magistrados, con una aportación del Gobierno de 12.500 euros.
También se aprobó la modificación del convenio de colaboración firmado el 18 de enero de 2006 con la Dirección General de la Guardia Civil para desarrollar la formación de las policías locales de los municipios, a través de su órgano de formación, perfeccionamiento y especialización. La modificación está encaminada a incrementar la cantidad que perciben los instructores de tiro, que pasa de 30 a 37,5 euros brutos por hora.
En materia de Obras Públicas y Vivienda, el consejero informó de la ampliación de la declaración de emergencia realizada el 19 de marzo para acometer la obra de deslizamiento del talud de la margen izquierda de la carretera autonómica que une la Variante de Santillana del Mar y el cruce con la CA-136, a la entrada a Arroyo, por importe de 175.000 euros.
En Educación, Cultura y Deporte, se autorizó al consejero a realizar las gestiones necesarias para integrarse como miembro de la Agencia Europea de Información y Asesoramiento a los Jóvenes (ERYICA).
Tal y como ha explicado Díaz Tezanos, se trata de una agencia que tiene el objetivo de mantener y promover una red de estructuras y profesionales de la información y asesoramiento a los jóvenes que, según ha dicho, «permitirá formar a los técnicos de las oficinas de información juvenil del Gobierno de Cantabria y trabajar con esta agencia en nuevas iniciativas».
En la actualidad, está presente en 27 países y forman parte de ella 35 organizaciones. Entre los miembros españoles se encuentran los institutos de Juventud de Valencia, Andalucía, Baleares y Cataluña y Cantabria ha sido la quinta comunidad autónoma en presentar su candidatura, que ha sido aceptada. Por otro lado, se concedió una subvención nominativa por importe de 215.000 euros al Ayuntamiento de El Astillero para infraestructuras deportivas.
Y se autorizó una aportación de 550.000 euros a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte para el fomento y el apoyo de actividades deportivas a través de convenios con distintos clubes y entidades.
En Medio Rural, Pesca y Alimentación, se autorizó un contrato de apoyo técnico en el seguimiento de las concesiones por interés particular en montes de utilidad pública otorgadas entre 2012 y 2019, con un coste de 101.929 euros.
Tras recordar que Cantabria cuenta con 482 montes catalogados de utilidad pública que representan casi algo más del 70% de la superficie forestal regional y en los que existe un alto porcentaje de aprovechamientos por particulares, Díaz Tezanos ha apuntado que el objetivo del presente contrato es contar con una asistencia técnica que preste apoyo al seguimiento de las concesiones por interés particular y para el control del cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas, además de la planificación de los aprovechamientos a incluir en los planes anuales de 2019 y 2020.
La vicepresidenta ha precisado que el presente contrato, cuyo plazo de ejecución es de 24 meses, implica la visita a cada una de las parcelas afectadas, la elaboración de los correspondientes informes y de los borradores de los planes anuales de aprovechamiento de los próximos dos años.
Por último, en el área de Sanidad se autorizaron aportaciones por importe de 222.611 euros a la Fundación Marqués de Valdecilla (62.611 euros) y la Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (160.000 euros) para financiar sus gastos de funcionamiento.
