ACIE pide al Gobierno unos «préstamos energéticos» para hacer frente a los impagos por el Covid-19

La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), formada por empresas como Acciona, Repsol, Engie o Enérgya-VM, entre otros, ha pedido al Gobierno que avale «préstamos energéticos», al «igual que hay un aval para los bancos que prestan dinero a través de las líneas ICO», para hacer frente a posibles impagos ante la normativa aprobada con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus.

Estas empresas, que suministran el 15% de la electricidad y el 18% del gas natural de toda España, consideran que la normativa no reparte el impacto económico «de manera equitativa entre actividades reguladas y no reguladas».

Así, ACIE remitió el pasado mes de marzo un escrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico transmitiéndole que las medidas dispuestas por el Gobierno incentivan a millones de clientes a acudir al mercado regulado para la prestación de su suministro eléctrico. Sin embargo, la ley no prevé un mecanismo de vuelta de los consumidores a los comercializadores libres, «situación especialmente perjudicial si estos son comercializadores independientes».

En una reunión posterior, la asociación argumentó que las distribuidoras tienen garantizada su retribución a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), mientras que los comercializadores pueden quedar en total descubierto ante el cese de actividad o concurso de acreedores de miles de autónomos, pymes y empresas.

Así, la asociación advierte de que «la dimensión real de estas circunstancias» se conocerá cuando se levante el actual estado de alarma.

Además, subraya que la regulación específica aprobada para su aplicación durante esta situación de excepcionalidad no exime a los comercializadores del pago de los peajes de transporte y distribución, haya o no impago por parte de los clientes vulnerables o de vivienda habitual, por los que los comercializadores «están financiando a las distribuidoras en los casos donde se produce dicho impago».

Ante esta situación, y dada la extensión temporal que está alcanzando el estado de alarma, que podría incluso prolongarse, y un desconfinamiento con fases que podría dificultar la reactivación de la actividad de los clientes, ACIE pide al Ministerio avalar estos «prestamos energéticos» a los que están obligadas las comercializadoras libres.

COMO LOS BANCOS.

De esta manera, considera que, si finalmente el préstamo se impagara, habría un aval del Estado para las comercializadoras, «igual que hay un aval para los bancos que prestan dinero a través de las líneas ICO», y se contribuiría «parcialmente» a paliar el esfuerzo económico que el Covid-19 está causando a su actividad.

Además, estima que debería estructurarse sobre un horizonte de 12-24 meses, «en previsión de que los efectos reales de los impagos puedan ser más notorios en los próximos meses».