El Gobierno aprueba un Real Decreto que regula el funcionamiento electrónico del sector público
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que regula de manera unitaria el funcionamiento y la actuación del sector público por medios electrónicos tanto en el ámbito interno de la Administración como en sus relaciones con la ciudadanía que entrará en vigor el próximo 2 de abril.
Entre las medidas que implementa se encuentra la posibilidad de acceder a un único punto de información, tener una carpeta ciudadana y consultar las notificaciones de la Administración electrónica desde una misma dirección.
Además, otra de las metas del decreto es evitar que los ciudadanos tengan que dar información que hayan dado previamente a la Administración. En esta línea, la Administración tendrá un archivo electrónico de expedientes.
Otro de los objetivos de la norma es mejorar la eficiencia de la Administración en sus relaciones con los ciudadanos, la obligatoriedad de relación electrónica de las personas jurídicas y de algunas categorías de personas físicas, y la de la tramitación electrónica de los procedimientos como actuación habitual de las Administraciones Públicas.
Además, con la entrada en vigor del mismo, se terminará la superposición de regímenes jurídicos distintos en este campo, con lo que aumentará la seguridad jurídica.
Esta medida se engloba dentro de la transformación digital del sector público, parte del plan de la Agenda España Digital 2025.
A nivel interno, el decreto busca fomentar que las relaciones entre administraciones también se realicen de manera electrónica, por lo que determina las condiciones e instrumentos para la creación de sedes electrónicas, los supuestos de utilización de los sistemas de firma de sello o código seguro de identificación y los propios sistemas de firma electrónica.
En esta línea se regulan los servicios mínimos y el contenido de las sedes, que deben ser fácilmente utilizables y accesibles con vistas a que la relación con el sector público sea fácil, intuitiva y efectiva.
A nivel social, el texto busca garantizar la universalidad del acceso a la Administración para las personas con discapacidad y el comunicado del Ministerio subraya que la eliminación de procedimientos físicos y el uso digital repercutirá en un menor gasto de papel, por lo que la regulación tendrá «un impacto ambiental positivo».
